Las sospechas en torno al pago de los estudios universitarios de los cuatro hijos del ex Presidente Alberto Fujimori, no cesan. Los indicios siguen en vitrina y como afirma el ex Presidente del Congreso Henry Pease: “no podemos ver con tranquilidad que quienes manejaron la corrupción más grande de la historia del Perú (…) puedan seguir actuando como si no hubieran hecho nada”1. Aquí van algunos datos interesantes.
El Sistema Nacional de Control, como su nombre indica, tiene la función de “controlar”, supervisar, vigilar y verificar actos y resultados de la gestión pública. Sin embargo, este organismo autónomo presenta graves problemas tales como el excesivo formalismo, la prioridad de los detalles y el poco enfrentamiento a la gran corrupción a la hora de ejercer control. Urge pues una reforma de fondo. Sin embargo, la iniciativa gubernamental respecto a la Contraloría General de la República (CGR), no hace sino restarle eficacia, limitando sus funciones y atribuciones.
El actual gobierno peruano ha emprendido una política evidente ante cualquier movida social: represión. Ésta política gubernamental se ampara en una serie de decretos supremos que el segundo gobierno del Presidente Alan García ha presentado hace poco tiempo, y que conviene revisar con detenimiento. ¿Acaso se puede y/o debe criminalizar la protesta?
El Ministro Luis Carranza acaba de anunciar la implementación de la primera etapa del Plan Anticrisis, lo que involucra un monto de cerca de S/. 5 mil millones en obras de infraestructura. Esto constituye una buena noticia, pues según el gobierno, esta medida incrementará el PBI entre 2% a 3% y generará cerca de 215 mil empleos en este año. No obstante, preocupa la deficiente capacidad del Estado para ejecutar el gasto público.
Ejecución del presupuesto en inversión respecto al PIA y PIM1
Nos hemos enterado que el Señor Carlos Arana, Director Ejecutivo de FONCODES, ha enviado al blog de la Agencia Spacio Libre, una carta de respuesta a nuestro Infodiario N. 10 del día 11 de marzo del 2009. En este número, a pesar de que esta comunicación no ha sido dirigida directamente a nosotros, reproducimos la carta del Señor Arana1 y la respuesta del equipo de Otra Mirada.
Lima 13 de marzo del 2009
Sr
A raíz de la polémica generalizada luego del rechazo del gobierno peruano a la donación del gobierno alemán para construir y mantener un Museo de la Memoria en el Perú, podemos notar que aún hay amnesia en el Perú respecto a los años del conflicto armado interno. La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es el organismo encargado de las reparaciones a las víctimas de la violencia interna y, lamentablemente, ha tenido muy poco protagonismo en lo que va del gobierno y las irregularidades en su gestión saltan a la vista.
Si el Perú es uno de los países que menos invierte en gasto social (El Comercio 09/02/09), resulta desalentador comprobar que el uso clientelista de los programas sociales permita que parte importante de su presupuesto se derive en gastos de administración.
Un caso emblemático es FONCODES, institución que a pesar de ver recortado su presupuesto (de más de 500 millones de soles en el 2006 a 244 millones en el 2009), no ha podido controlar sus gastos administrativos.
La crisis viene cobrando un alto número de despidos. El Plan Anticrisis no sólo demoró meses en ser creado, sino que al centrarse en mantener el crecimiento macroeconómico descuida la protección social. En consecuencia, las acciones del Plan, hasta el momento, no han podido evitar que los despidos avancen.
Como bien afirma el Doctor Avelino Guillén, fiscal adjunto, al ex Presidente Alberto Fujimori se le acusa de haber incurrido en asesinato en calidad de “autor mediato” y peso agravado, debido a que era la cabeza máxima del nivel de decisión; es decir, el jefe del aparato de poder. El concepto de “Autoría Mediata” consiste en considerar autor a aquel que aunque no ha obrado por sí mismo, utiliza una tercera persona como instrumento para cometer el hecho1.