Mientras que el gobierno aprista busca en el extranjero las motivaciones de la mayoría de conflictos en el país, Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, afirma que el motivo de las protestas es real y concreto pues las razones para protestar existen y pese a que estas han sido expuestas aún carecen de respuesta¹.
El 18 y 19 de junio de 1986 más de 200 presos entre acusados y sentenciados por terrorismo, amotinados en los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón, murieron a manos de militares y policías, quienes tenían por tarea debelar este motín sin tomar en cuenta el costo de vidas humanas y utilizando armamento de guerra para cumplir ese objetivo. Al final, los presos cayeron no solo en el enfrentamiento con los agentes del Estado, sino por ejecuciones extrajudiciales cuyos responsables, hasta ahora, no han sido sancionados como corresponde.
En el país, no se puede legislar a favor de los creyentes discriminando a todos los demás ciudadanos. Con la aprobación de la Ley sobre el Ejercicio de Libertad Religiosa por la Comisión de Constitución del Congreso, se emite una norma para extender algunos privilegios que goza la Iglesia Católica a los demás grupos religiosos, pero deja de lado a los no creyentes.
Una lectura rápida de lo que viene pasando en las semanas posteriores al levantamiento de la huelga indígena amazónica y campesina de Andahuaylas, podría hacer pensar que el Presidente Alan García y la derecha peruana se consolidan en un discurso único que combina autocríticas parciales como las del propio García y el Premier Yehude Simon (“debimos consultarles”, “debimos informarles mejor”) con la tan insistente como casi paranoica campaña de denuncias contra una supuesta conspiración internacional de comunistas, sindicalistas, chavistas, moralistas, ecologistas, indigenistas y envidiosos
Ahora no sólo son las acusaciones del Presidente Alan García y su Ministro de Relaciones Exteriores incluyendo a las ONG en una supuesta conspiración contra el Perú, también la derecha desde el Congreso ha renovado su ofensiva legislativa contra estas instituciones.
El día de ayer, el diario El Comercio hizo eco de un discurso de la derecha peruana cuando calificó a las protestas nacionales como una arremetida ultraizquierdista. ¿Se trata acaso de una asonada radical o de la reacción de viejos movimientos? Tanto en Andahuaylas como en Sicuani y en La Oroya, las protestas son organizadas por movimientos sociales ya existentes hace meses sino años.
Hay que tomar con pinzas el anuncio oficial de reducción de la pobreza de 3.1 puntos porcentuales (de 39.3% en el 2007 a 36.2% en el 2008), así como el de reducción de la pobreza extrema de 1.1% (de 13.7% en el 2007 a 12.6% en el 2008). Pues, según la Declaración del Comité Interinstitucional de Medición de la Pobreza, las líneas utilizadas para medir la pobreza para el 2008 “subestiman los estándares de consumo y por consiguiente pueden estar subestimando los niveles de pobreza”.
En las últimas semanas, tanto Otra Mirada como el diario La República han venido sacando importante información acerca de la falta de transparencia, contradicciones y dudas existentes sobre el origen del dinero que financió los costosos estudios de los cuatro hijos de Alberto Fujimori en el extranjero.
Los días jueves y viernes de la semana pasada el Señor Jaime de Althaus nos atacó en su programa “La hora N” en el Canal N, calificando nuestro infodiario del día jueves 11 “¿Cuánta Amazonía nos queda y qué quieren regalar?” como mentiroso y desinformador. A pesar de que el día viernes 12 en la mañana le enviamos una carta señalando la actitud poco democrática de atacarnos sin que estuviéramos presentes y pudiéramos responder, repitió sus ataques la noche siguiente también en ausencia nuestra. Esta es la libertad de expresión que practica de Althaus y de la cual se cree gran paladín.
Lo fundamental del movimiento social desarrollado por los pueblos amazónicos es que representa, por primera vez luego de la dictadura de Fujimori y Montesinos, un desafío al modelo económico neoliberal. Hemos tenido movimientos importantes en estos años, como el del pueblo de Arequipa contra la privatización de las empresas generadoras de energía eléctrica o los múltiples conflictos de las comunidades afectadas por la minería, pero ninguno de la dimensión nacional, la claridad programática y la fuerza organizativa como el desarrollado por las comunidades amazónicas.