Varios siglos de historia nacional parece que hubieran pasado en los últimos días frente a nuestros ojos. La provocación del gobierno aprista que ha desembocado en la matanza del viernes 6 de junio es un episodio más de esta historia terrible. Los 24 policías y un número indeterminado de ciudadanos amazónicos fallecidos, donde hemos visto bestialidad de todas partes, no hace sino recordarnos una exclusión secular del poder de turno que siempre consideró a “los otros”, los pueblos amazónicos en este caso, como ignorantes, incapaces y finalmente sanguinarios.
La crisis de Doe Run Perú (DRP) nuevamente regresa a la escena pública. Esto se da a pesar de que ya hace más de un mes, el gobierno aseguró que se había logrado una solución privada. Pero, tal como denunciamos en nuestro informe del 14/04/2009, lo que realmente estaba haciendo era crear una cortina de humo sobre su irresponsabilidad en la fiscalización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya.
En el Perú existe una grave crisis de representación política. Esto se traduce en que los peruanos, en la mayoría de los casos, no nos sentimos representados por aquellos a quienes elegimos para que sean presidentes, congresistas, alcaldes, etc.
En la última semana, los dos espacios de diálogo promovidos por el gobierno para solucionar la protesta amazónica han fracasado. Primero, cuando el pleno del Congreso de la República cerró filas sobre la discusión de los decretos legislativos ofensivos a los intereses de los pueblos amazónicos. Esto gracias a un premeditado plan aprista para hacer explotar la sesión del miércoles pasado. Así, el APRA ha mecido nuevamente a los pueblos amazónicos.
Los medios de comunicación no informan al país sobre el Banco del Sur. Esta iniciativa busca financiar proyectos de desarrollo conducentes a la integración sudamericana y al cierre de la brecha de pobreza entre los países, tema que no está en la agenda de las instituciones financieras internacionales (IFI) como el BID, el Banco Mundial y el FMI. El Banco del Sur es impulsado, desde febrero del 2007, por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, quienes han comprometido un capital inicial por US$ 7 000 millones (ver gráfico).
La postergación del debate en el pleno del Congreso sobre la ratificación de la derogatoria del Decreto Legislativo 1090, nos da la pauta sobre la falta de voluntad política del oficialismo para solucionar los reclamos de los pueblos amazónicos.
Una inicial victoria ha logrado la protesta amazónica con la declaración de inconstitucionalidad del Decreto legislativo 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, por la Comisión de Constitución del Congreso. Decimos inicial, porque recién ayer se instaló la Comisión Multisectorial que analizará los problemas de los pueblos amazónicos. Sin embargo, hay que estar alertas, pues como señala el Premier Yehude Simon¹, el gobierno solo plantea revisar estos decretos, más no derogarlos y aún no se levanta el Estado de Emergencia en algunas zonas de la amazonía2 .
Luego de que el Presidente de Bolivia, Evo Morales, se refiriera a su homólogo peruano, Alan García, como “colega chabacano” los medios de comunicación no han hecho sino eco de dicho intercambio de calificativos. Sin embargo, el tema de fondo ha quedado en un segundo plano, pues respecto del asilo que el gobierno peruano ha brindado a ciertos personajes polémicos bolivianos no hemos escuchado, sino muy poco. ¿A quién asila el Presidente García?
El miércoles 29 de abril, Rómulo León Alegría, Alberto Químper, Fortunato Canaán, Ernesto Arias Schreiber y Rómulo León Romero, fueron exculpados del cargo de asociación ilícita para delinquir. Si bien todos los exculpados seguirán siendo procesados por otros presuntos delitos1, el cargo de asociación ilícita para delinquir tiene una pena que va entre 8 y 15 años de prisión. Sin embargo, la importancia de considerar este delito va más allá de la pena que podría imponerse a estos amigos imputados.
Es claro el asedio político del gobierno aprista hacia quienes les atribuye ser los “enemigos del país”. Recordemos cómo a inicios de 1990, el APRA lideró una terrible campaña para desprestigiar a Mario Vargas Llosa, favorito para ganar las elecciones. Actualmente, el ojo aprista está sobre Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, cuya candidatura “antisistema” se intenta demoler. Esto no es casual, semanas atrás el Presidente Alan García, frente a directivos de la banca latinoamericana, señaló que en el Perú el presidente puede evitar que sea presidente quien él no quiera.