El reciente gesto de la candidata a la Alcaldía de Lima, Lourdes Flores, de poner a la luz pública toda la información sobre sus ingresos personales y profesionales, así como los aportes realizados a su campaña electoral anterior (2006) y a lo correspondiente a la campaña municipal hasta la fecha, ha puesto en vitrina la importancia de la transparencia en una campaña, así como en otras áreas.
Hace varios meses, Otra Mirada hacía hincapié en la falta de transparencia del Congreso de la República y reclamábamos la necesidad de aplicar la Ley de Transparencia y Acceso a la información. Del mismo modo, este reciente gesto de Flores, seguido por la candidata Susana Villarán, no es en realidad un antojo voluntario de cada candidato, sino un deber que tienen con los electores.
Una campaña electoral es, evidentemente, costosa. La cantidad de dinero invertido en publicidad, elaboración de planes de gobierno, mantención de los locales partidarios activos, mitines de campaña, etc. resulta significativa. Por ello, el financiamiento de los partidos políticos resulta un tema fundamental pues ninguna organización (política o de distinto tipo) puede mantenerse vigente sin recursos económicos. Pero, ¿cuál es el detalle?
Es importante que los partidos políticos muestren transparencia en la utilización de su financiamiento. La Ley de Partidos Políticos establece que los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso reciben del Estado el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. Además,  este monto debe ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación, etc. Sin embargo, como vemos, las campañas electorales resultan millonarias y esto evidencia que existe el financiamiento privado que, a la larga, resulta ser el preponderante, lo cual es un riesgo.
La ley permite que los partidos políticos reciban financiamiento privado y que tengan sus cuentas claras en los libros de contabilidad partidarios. Aquí es donde entra el problema pues la gran desventaja del financiamiento privado a los partidos políticos es que permite el condicionamiento de los líderes y/o candidatos partidarios en beneficio de los financistas. Este riesgo es peligroso pues los partidos políticos deben ser organizaciones que representen a la mayoría de ciudadanos y no los intereses particulares de quienes invierten en las campañas. Por esto, consideramos que es necesario que las contribuciones privadas tengan límites como ocurre en la mayoría de países democráticos.
Además, cabe resaltar que existe una ley que plantea lo mencionado en este texto y que la única razón por la cual no se cumple es por decisión explícita y sonora del Presidente García quien, desde el principio de su gobierno se ha rehusado a cumplir la ley perjudicando, aún más, a los partidos políticos peruanos. Señalando de manera demagógica que hay cosas más importantes por las cuales gastar en el Perú. Los expertos consideran que las democracias dan un salto cuando empieza un financiamiento público estable. Esto es lo que el Perú exige que se cumpla.
El gesto de Lourdes Flores ha sido, sin duda, positivo; sin embargo, sigue siendo insuficiente, sobre todo en el contexto electoral que vivimos y, en el cual, notamos sospechas de corrupción a diestra y siniestra que salpica a varios candidatos actuales. Del mismo modo, recordemos que la fiscalización y defensa de la transparencia debería ser tarea también de todos nosotros.