Hace cuatro semanas, la encuesta realizada por CPI al respecto de la sentencia al ex Presidente Alberto Fujimori desató una polémica en torno a la fidelidad de sus datos1 pues indicó que un 70% de peruanos se encontraba en contra de la sentencia al ex Presidente, incluyendo en esta cifra a quienes preferían más años de prisión para el condenado, a los que hubieran deseado menor cantidad de años, pero lo consideraban culpable, y a quienes lo consideraban inocente.
El costo de mentir que estábamos “blindados”
Los debates sobre si la crisis internacional frenaría a la economía peruana ya han sido resueltos por el tiempo. El crecimiento económico ya se detuvo y la producción nacional está reduciéndose. Las cifras oficiales indican que el PBI de febrero de este año fue 0.19% mayor que febrero del año pasado, es decir, prácticamente nada. Pero si se calcula el PBI como se hacía anteriormente y no con los oscuros métodos del INEI, la cifra incluso sería negativa.
El significado político de una condena
Con motivo de la emboscada y asesinato de 14 miembros de las Fuerzas Armadas en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), la derecha peruana, el fujimorismo y el gobierno aprista han levantado el cuco senderista afirmando que el problema en el VRAE es Sendero Luminoso (SL). Sin embargo, Rómulo Pizarro, presidente ejecutivo de la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), afirma que el real problema son los narcos.
El 8 de abril de este año, un día después de la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori, la Compañía CPI publicó un sondeo¹ respecto a la apreciación ciudadana sobre la sentencia que acababa de hacerse pública.
En los últimos días la Comisión Permanente del Congreso, presidida por el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, aprobó una extraña acusación contra el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi. La denuncia implica también al Doctor José Ugaz y resulta sospechoso que esta se apruebe luego de que ambos han denunciado el caso de los Petro-audios.
A seis meses de ocurrido el escandaloso caso de los Petro-audios todavía no se analiza el material incautado a la empresa Business Track (BTR). Lo grave de este asunto es que la propia jueza María Martínez Gutiérrez, encargada de la investigación, viene entorpeciendo dichas pesquisas con el respaldo del presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega.
Aquí les presentamos un breve recuento de esta “mecida” judicial:
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) acaba de presentar un documento titulado “En defensa del empleo y la economía popular”. La propuesta contrasta con el Plan Anticrisis del Gobierno y tiene como eje el impulso del mercado interno, señalando que este constituye la mejor vía para enfrentar la crisis en curso. Sin embargo, el mismo informe advierte que, producto de la crisis internacional, la demanda interna se viene desacelerando en los últimos meses, situación que se agrava por la carencia de medidas adecuadas.
Las sospechas en torno al pago de los estudios universitarios de los cuatro hijos del ex Presidente Alberto Fujimori, no cesan. Los indicios siguen en vitrina y como afirma el ex Presidente del Congreso Henry Pease: “no podemos ver con tranquilidad que quienes manejaron la corrupción más grande de la historia del Perú (…) puedan seguir actuando como si no hubieran hecho nada”1. Aquí van algunos datos interesantes.
El Sistema Nacional de Control, como su nombre indica, tiene la función de “controlar”, supervisar, vigilar y verificar actos y resultados de la gestión pública. Sin embargo, este organismo autónomo presenta graves problemas tales como el excesivo formalismo, la prioridad de los detalles y el poco enfrentamiento a la gran corrupción a la hora de ejercer control. Urge pues una reforma de fondo. Sin embargo, la iniciativa gubernamental respecto a la Contraloría General de la República (CGR), no hace sino restarle eficacia, limitando sus funciones y atribuciones.