El domingo se cumplió tres años del terrible terremoto que azotó diversas localidades de Ica, Huancavelica y la sierra de Lima. ¿Qué se ha hecho en todo este tiempo para atender las necesidades de los afectados?

Las notas periodísticas que circulan en estos días retratan avances en la reconstrucción bastante limitados. Por ejemplo, una nota de Perú 21 señalaba que aquel terremoto dejó inhabitables 76 mil viviendas, de las cuales, solo se han construido 7 mil, es decir, el 9%. ¿A qué se debe este nivel de ineficiencia?  
 
Un reciente pronunciamiento firmado por intelectuales y profesionales explica el asunto de fondo de la lamentable situación que viven nuestros hermanos del sur. Veamos con mayor detenimiento las ideas centrales de dicho documento. 
 
1. La reconstrucción debió ser asumida como una oportunidad para efectuar un planeamiento estratégico de toda la zona, con participación de los afectados, para generar así su progresiva inclusión social y económica. Por el contrario, hasta hoy, no se ha formulado ningún plan que guíe la acción de las autoridades locales ni de la cooperación técnica. No hubo ni hay una voluntad política que articule el aporte solidario de los cientos de profesionales y voluntarios que acudieron al servicio de la zona afectada, y que traduzca los logros parciales y localizados en políticas que pudieran ser replicadas para toda la población.
2. El Estado no formuló los objetivos de la reconstrucción mediante un Plan que contemple en conjunto la recuperación de la vivienda, los espacios públicos, la infraestructura productiva y la economía local, ni que proponga la integración de las mayorías a la bonanza económica producto de la economía agroindustrial, particularmente en la costa iqueña. En este sentido, FORSUR fracasó. Muchas tareas cruciales, como la rehabilitación de la infraestructura de riego en muchas zonas ni siquiera se han iniciado, y las que se encuentran en proceso, como la recuperación de infraestructura vial y de las viviendas y colegios se lleva a cabo entre la demora y la indolencia, cuando no en la irregularidad y la falta de transparencia.

3. Pese a que el Estado cuenta con los diversos estudios y recomendaciones formuladas por la cooperación internacional, universidades, ONGs y los propios funcionarios públicos, no se ha organizado un servicio de asesoría técnica, legal y de capacitación para que la reconstrucción hecha por las propias familias produzca viviendas dignas, saludables y seguras. Por el contrario, se está reconstruyendo la inseguridad, la precariedad y la informalidad, condiciones que magnificaron las consecuencias humanas y sociales del sismo.

4. Llamamos la atención sobre el inaceptable retraso y paralización en la entrega del Bono 6 mil, compromiso del Estado con decenas de miles de familias afectadas a las que se reconoció este derecho, punto de partida para la reconstrucción de sus viviendas. Habiéndose comprometidos aproximadamente 75 mil bonos, sólo se ha cumplido con entregar poco más de 28 mil tarjetas, las mismas que no equivalen automáticamente a hacer efectivo el bono y mucho menos se traducen en viviendas reconstruidas, que son en la actualidad menos de 15 mil unidades. Como consecuencia, son miles los que siguen viviendo en campamentos, refugios, carpas, hacinados, sin servicios básicos, etc. y expuestos a severas variaciones del clima, arriesgando en especial la salud de los niños y los adultos mayores.
Finalmente, dice este documento, los peruanos no podemos sentirnos orgullosos de los éxitos del país respecto al crecimiento económico, mientras miles de familias sufren las consecuencias de la ineficiencia y morosidad del gobierno en el cumplimiento de sus compromisos y en garantizar las condiciones necesarias para recuperar el tejido social y la economía local de los lugares afectados.