Durante las fiestas patrias, mientras diversas organizaciones sociales de Cusco, Puno, Tacna y Arequipa se movilizaban en contra de la exportación del gas de Camisea,

el Presidente Alan García ratificaba su decisión de renegociar el contrato del gas pero solo para conseguir que las regalías que se pagan por la exportación sean mayores a las del mercado interno. Esto significaba que el gobierno no daba marcha atrás en su objetivo de la exportación de este valioso recurso energético, medida rechazada por la macrorregión sur. 
 
Ha pasado más de una semana desde que se iniciaran estas movilizaciones y, una vez más, los oídos sordos del gobierno vienen originando un escenario preocupante en el Cusco. El 27 de julio del presente, un grupo de manifestantes y efectivos policiales se enfrentaron violentamente en la Plaza de Armas del Cusco, hecho que dejó varios heridos y detenidos. Ese mismo día, en La Convención, la contundencia de la huelga alcanzó el 80% de respaldo ciudadano y hubo un fallecido que lamentar. El 30 de julio, la policía detuvo a 17 manifestantes que intentaron tomar la base denominada PC2 de Transportadora de Gas del Perú (TGP).  Luego, el 1 de agosto, el gobierno declara en emergencia el distrito de Echarate y polariza aún más la situación. Mientras tanto, un clima a “segundo Baguazo” parece extenderse por esta zona del país. 
 
Pero el intento de deslegitimar esta protesta también se ha iniciado. El martes, el primer ministro Javier Velásquez Quesquén señaló que Echarate, uno de los distritos cusqueños que cumple la huelga indefinida, “es el distrito más rico de todo el Perú”, ¿qué significa esta declaración del premier? ¿Se intenta mostrar esta protesta como una situación manipulada por intereses meramente electorales? Lo paradójico de las declaraciones de Quesquén es que mientras algunos distritos como este concentran ingresos exorbitantes, seguimos siendo un país pobre que depende de la extracción de sus recursos.
 
Desde Otra Mirada, nos hemos pronunciado reiteradamente sobre la legitimidad de la defensa del gas de Camisea y la necesidad de que todos los peruanos sepamos qué se pone en juego con la exportación de este valioso recurso (ver aquí y aquí). Lamentablemente, este escenario de protesta social, seguido de represión policial, es un libreto harto conocido y que siempre condenaremos. El gobierno tiene en sus manos cambiar el rumbo de la historia del país si atiende estas demandas para que no se radicalicen.

Por lo pronto, el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Canchis decidió plegarse a esta protesta desde miércoles en solidaridad de La Convención. Asimismo, se estaría alistando la “Marcha de los Pueblos” a Lima, que uniría organizaciones sociales y frentes de defensa del sur, centro y oriente del país.

Finalmente, lo que queda claro es que pueblos como el de Echarate vienen protestando en defensa de un recurso que primero debiera servir para desarrollar una matriz energética para el Perú. Esta es la tarea que le toca a nuestros gobernantes. Esperemos que el actual gobierno entienda este legítimo reclamo y apueste por el diálogo.