Doe Run, la empresa minera que tiene la concesión en el Complejo Metalúrgico de La Oroya y  que hace algunos meses protagonizara una polémica justificada por gozar de privilegios inmerecidos otorgados por el Estado, presenta ahora cuatro nuevos caprichos.

Como afirma Carmen Sandoval de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, esta situación era previsible pues desde hace años esta empresa viene ejerciendo presión para obtener privilegios indebidos. No olvidemos los 30 meses extra a favor de Doe Run (DRP) para sus inversiones ambientales o las leyes con nombre propio que garantizaban la nula pérdida para esta empresa. ¿Cuáles son sus nuevos pedidos?
 
El primer pedido de Doe Run consiste en una modificación de los términos del contrato de privatización. Esta modificación le permitiría a la empresa gozar de un blindaje jurídico frente a las denuncias que se le podrían iniciar por daños. Cabe resaltar que DRP viene mostrando esta intención desde el año pasado (mayo del 2009) pues el Ministro de Energía y Minas de entonces, Pedro Sánchez, confirmó que dicha cartera seguía esperando una propuesta modificatoria del contrato. ¿Por qué se le permite a esta empresa modificar los términos de un contrato ya pactado? Y además, ¿por qué se le permitiría gozar de cierto blindaje jurídico?
 
El segundo pedido es el fraccionamiento de la deuda tributaria. Como afirma, Sandoval, este pedido resulta contradictorio pues la empresa alude por un lado, antiguos y continuos problemas financieros, pero por otro pide un fraccionamiento tributario para lo cual es necesaria una garantía que respalde el pago total de la deuda. Entonces, si esta empresa no cuenta con un financiamiento para el inicio de sus operaciones en la actualidad, ¿cómo podría obtener un fraccionamiento ante la SUNAT? Otra vez, notamos que buscan beneficiarse sin contar con el respaldo para ello.
 
El tercer pedido consiste en que no se aplique la normativa relacionada con estándares de calidad ambiental hasta que concluya el proyecto del circuito de Cobre y su planta de Ácido Sulfúrico. Sobre este ya teníamos ciertos indicios pues, hace varios meses se le había otorgado a la empresa una prórroga de 30 meses para las inversiones en el tema medioambiental. Este pedido es inadmisible, sobre todo luego de que las dos plantas de Ácido Sulfúrico fueran fiscalizadas y obtuvieran sanciones por incumplimientos hallados, establecidas por OSINERGMIN. Por otro lado, resulta contradictorio el pedido pues la publicidad que hace DRP afirma que sus actividades ya no dañan el ambiente ni la salud de las personas, pero al mismo tiempo pide una modificación en las normas sobre estándares de calidad ambiental que, se supone, no necesitaría.
 
El último pedido de la empresa es la condonación del pago de las multas impuestas por OSINERGMIN. Este pedido no necesita mayor explicación. La empresa busca que las multas establecidas por este organismo autónomo del Estado, cuyas normas son conocidas con anterioridad por la empresa y cuyo monto es destinado a hacer lo que la empresa dejó de hacer (remediar el daño ambiental y mitigar su impacto), sean obviadas. No hace falta decir más.
 
Esperemos que ante este nuevo pliego de caprichos de DRP, el Estado peruano no vuelva a abogar por favorecer a la empresa y demuestre que las leyes están para cumplirse por todos y no solo por quienes no gozan de conexiones con altos funcionarios del gobierno.