La semana pasada se anunció la puesta en libertad condicional de Lori Berenson, noticia que ha tenido gran repercusión mediática.

Repercusión que, además, ha evidenciado un discurso bastante homogéneo en la mayoría de medios de comunicación que sin ningún reparo han utilizado sus espacios para denunciar una supuesta “fuga masiva” de terroristas. ¿A qué se debe esta reacción exagerada?
 
Lori Berenson, fue hallada culpable por delito de terrorismo y por ello sentenciada a 20 años de prisión. Esta sentencia, además de confirmada en el Perú, fue avalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues señalaron que el proceso judicial cumplió con las garantías correspondientes. Hoy, quince años y un mes después de esta condena, Berenson dejó el Penal de Mujeres en Chorrillos para cumplir lo que queda de su condena bajo la modalidad de libertad condicional en el Perú o, si el Presidente García decide conmutarle la pena, viajar a Estados Unidos, su país de origen.
 
La jueza Jessica León Yarango, titular del primer juzgado supraprovincial, es quien aprobó darle el beneficio a Berenson, beneficio legal permitido por el Decreto Legislativo 927 dictado durante el gobierno de Alejandro Toledo luego de que el Tribunal Constitucional diera sentencia sobre normas antiterroristas. Entonces, se trata del cumplimiento de una ley y no de un antojo de la jueza León. ¿Por qué un cargamontón contra esta medida?
 
Se trata, sin duda, de un personaje polémico que además de sus acciones censurables, por su condición de extranjera tiene aún más repudio por parte de los peruanos. Sin embargo, la Ley es la Ley y es preciso recordar además que las cárceles tienen como objetivo reinsertar en la sociedad a aquellos que cumplieron condena por los delitos cometidos. En este sentido, no es correcto que varios analistas, medios de comunicación y personajes de la derecha tomen la cárcel como una tumba, como una lápida anticipada.
 
Pero además, resulta hipócrita que exista todo un movimiento mediático en torno al caso Berenson cuando la mayoría de sentenciados por terrorismo han sido liberados tras cumplir sus condenas o acceder a los beneficios penitenciarios. Resulta curioso que instituciones como el INPE, la Defensoría del Pueblo, la Sala Nacional Penal, etc. no tengan cifras exactas sobre los condenados por terrorismo que ya cumplieron condena y no se encuentran en prisión. Esto se debe a que se trata de un tema sensible; sin embargo, se sabe que la mayoría de presos por terrorismo, aproximadamente el 70%, ya han sido liberados por cumplimiento de pena, entonces ¿por qué no hubo un revuelo mediático antes?
 
Es evidente que el tema Berenson está siendo utilizado con un claro objetivo político: crear terror social. Este terror permite lograr objetivos políticos subalternos tales como favorecer a Keiko Fujimori, en el proceso electoral. No es coincidencia que durante un contexto electoral se despierte semejante cargamontón mediático, ni tampoco lo es que se agilice el trámite de liberación de Berenson una semana antes de la visita del Presidente García al Presidente Barack Obama. Sin embargo, más allá de las agendas mediáticas y presidenciales, cabe resaltar que el cargamontón no solo ha sido desmedido, sino además carente de toda lógica legal. Esto, impide la reconciliación tan necesaria en nuestro país pues, lamentablemente, el terror social que pretenden imponer aleja la posibilidad de entendernos entre los peruanos