Mario Vargas Llosa ha cometido el mismo error que están cometiendo muchos electores que no votaron por Pedro Castillo ni por Keiko Fujimori en primera vuelta. Presas del pánico al chavismo o del repudio al fujimorismo, han decidido tomar partido rápidamente por uno de ellos, como si proteger el modelo económico o ser antifujimorista, fuesen suficientes para entregarles nuestro voto en la segunda vuelta. Grave error.

Tanto Castillo como Fujimori representan peligros reales para la democracia. Ambos tienen perfiles autoritarios y por ello es necesario minimizar el riesgo de que vulneren el estado de derecho. 

Si no tomamos conciencia de ello, vamos encaminados a un gobierno que, basado exactamente en los mismos ánimos que están predominando en esta segunda vuelta, se sentirá con la atribución de hacer lo que le venga en gana, ya sea como Chávez en Venezuela o como Alberto Fujimori en el Perú. 

La única manera de que ello no pase es que tanto ahora como cuando alguno de ellos sea gobierno, exijamos compromisos fundamentales para reducir el riesgo latente que representan. 

Se puede pensar que Castillo no tiene incentivos para hacerlo ahora que ha aparecido con una clara ventaja en la intención de voto. No necesariamente. Aún queda mucho pan por rebanar. La campaña contra Castillo recién comenzará y además Keiko Fujimori se verá obligada a asumir compromisos que hasta ahora ni había considerado. Tan importante como eso, a Castillo le toca entender que estos compromisos son necesarios si quiere tener un gobierno con relativa estabilidad política.

¿Qué compromisos deberíamos exigir y/o deberían asumir ambos candidatos?

• Primero, asegurar que no se reelegirán como presidente y que no habrá cambios constitucionales en esta materia. 
• Segundo, que los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía se elegirán respetando el marco legal vigente, basado en méritos y no en criterios ni alianzas políticas.
• Tercero, en línea con los dos puntos anteriores, que los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia serán civiles de probada independencia política. ¿Podrían contar con el visto bueno del Congreso o del Acuerdo Nacional para su designación? ¿O qué otro mecanismo nos permitiría asegurar que sean efectivamente independientes? Estamos en un escenario extremo que requiere de soluciones fuera de la caja.
• Cuarto, que la Junta Nacional de Justicia seguirá siendo la encargada de nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles del sistema de justicia.
• Quinto, que la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional también se realizará con criterios meritocráticos, de independencia política y con amplio consenso político en el Congreso.
• Sexto, que no se indultará ni a Antauro Humala ni a Alberto Fujimori.
• Séptimo y final, un punto vinculado a la crisis del COVID-19. Si el nuevo esquema de vacunación da los resultados esperados y visibles en estos días, que el gobierno entrante mantendrá al equipo encargado de su implementación y gestión. Habría que agregar al equipo de Cancillería que viene consiguiendo las vacunas con resultados concretos.

¿Y el modelo económico? Lo dejaremos para otro artículo. Pero lo que queremos resaltar es que, considerando el perfil autoritario de ambos candidatos, el tema de preocupación prioritario en este momento debe ser el sostenimiento de la democracia y del estado de derecho. En cinco años respetando las reglas de juego democráticas, no es mucho lo que podrán hacer. Si se quedan más tiempo vulnerando el estado de derecho, cualquiera de los dos puede ser calamitoso para el país. No les demos ninguna tregua.