Editorial

Una nueva arremetida contra la institucionalidad democrática ha sido ejecutada por el “nuevo” fujimorismo. Como si de una bien orquestada estrategia se tratase, diversos actores de la bancada de Fuerza Popular han dirigido sus esfuerzos a instituciones que le resultan incómodas a los intereses de Keiko Fujimori y sus aliados. 

La revolución de octubre, sin lugar a dudas el acontecimiento político más importante del siglo XX, ha motivado reacciones encontradas en nuestro medio. Por un lado, quienes la descartan como un accidente de la historia producto de la audacia de Lenin y sus compañeros, del cual no se puede rescatar nada positivo; por otro, quienes la señalan como el inicio de una nueva era cuyo progreso ascendente ha sido frustrado por el imperialismo y sus aliados internos siempre presentes en cualquier proceso de transformación.

El alcalde Castañeda Lossio no se cansa de demostrar, una y otra vez, que sus acciones son motivadas por intereses que poco o nada tienen que ver con el de mejorar la vida de quienes habitamos la ciudad. El resultado de sus proyectos expresa improvisación, desconocimiento técnico y, sobre todo, fuertes irregularidades en el manejo de los recursos utilizados. Consecuencia lógica de todo esto es que sus proyectos sean además, necesariamente, inconsultos, hechos sin y contra los vecinos que han de sufrir las nefastas consecuencias.   

Hace 25 años, las votaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas rechazan el autoritario bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba, con la solitaria posición favorable del país norteamericano y su aliado Israel. El año pasado, con el gobierno de Barack Obama, la tendencia continuaba con una abstención discreta de la Casa Blanca, pero este 2017 con la presencia de Donald Trump las cosas parecen empeorar y está lejana la posibilidad de levantar un “castigo” que afecta gravemente a las arcas estatales de la isla. 

La renuncia de Pablo de la Flor, responsable de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), evidenció, por si hacía falta, la virtual parálisis del proceso de rehabilitación, prevención y reconstrucción lanzado por el gobierno como respuesta al Niño Costero que afectó distintas regiones del país, dejando a decenas de miles de personas sin vivienda y sin acceso a servicios básicos y a vías de comunicación, pero dejándolas también sin sus principales fuentes de ingreso, es decir sus tierras y sus empresas.

Nuestro país tiene cuatro triples fronteras: con Bolivia y Chile en el desértico sur andino; con Bolivia y Brasil en el selvático sur oriente; con Colombia y Brasil en el también selvático nor-oriente; y, con Colombia y Ecuador en nor-occidente boscoso del Codo del Güepí, zonas que son generalmente olvidadas por el Estado, el mercado, la sociedad civil y los políticos.

Algo está pasando en el país y no nos estamos dando cuenta de lo que pasa. Lo urgente se está llevando de encuentro lo importante y dejando de lado temas que -curiosamente- implican a los principales personajes políticos del país, presuntamente implicados en casos de corrupción. 

La situación del empleo en el Perú no es de las mejores como podemos observar al revisar algunas cifras. Y todo empeora si nos fijamos en el empleo de los jóvenes. Según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) el empleo informal en los jóvenes entre 15 a 29 años llega hasta el 78% en el 2016. La informalidad es sinónimo de precariedad laboral. Alrededor del 40% del empleo informal tiene un ingreso por debajo de la Remuneración Mínima Legal, es decir 850 soles. Tampoco disponen de Compensación por Tiempo de Servicios ni protección social, pensión o seguro de salud.

Las elecciones de ayer despejaron una de las principales incógnitas instaladas sobre Argentina: ¿es posible convalidar un menú de reformas favorables al mercado en un país con 30% de pobreza, cuando los resultados económicos no son todavía rutilantes? 

El viernes 20 de octubre se publicó el cronograma electoral, el domingo 22 se cerró el padrón electoral y el martes 24 concluye el plazo para normar las elecciones del 2018. Con ello nos enfilamos hacia el proceso que se realizará el 7 de octubre del próximo año, en el que se elegirán a 12,903 autoridades regionales y municipales.