Odebrecht

El Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuya buena pro se otorgó en el 2014, ha venido construyéndose a un ritmo importante. Sin embargo, en las últimas semanas las obras están virtualmente paralizadas, al punto que de los 4 frentes con que venía avanzando la construcción del GSP, solo dos de ellos se mantienen trabajando. De las 7,000 personas que venían laborando, se afirma que ahora solo unos 2500 se mantienen en sus puestos de trabajo. Es evidente que esta demora preocupa a todo el Perú, y particularmente a los cusqueños y todo el sur del Perú.

El escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht que implica a 10 países de Latinoamérica, entre ellos el Perú, ingresa a una etapa decisiva debido a que han surgido evidencias de que los negocios turbios no se limitan a los tres últimos gobiernos sino que abarca también los dos gobiernos de Alberto Fujimori.

En 1991, el gobierno de Fujimori publicó el Decreto Legislativo N°662 y el DL N°757, implementando así régimen de estabilidad con las empresas a través de la suscripción con el Estado de los Convenios de Estabilidad Jurídica.

La actualización de las presuntas irregularidades cometidas en la licitación y ejecución del Metro de Lima, conocido como el "Tren Eléctrico", a partir del caso "LavaJato" y las coimas pagadas por la empresa Odebrecht, son temas que ya habían sido advertidos años antes. 

En junio de 2016, el congresista Juan Pari ya había recogido en el informe en minoría presentado como parte de su trabajo en la comisión investigadora del caso "LavaJato", el déficit y el impacto negativo en el presupuesto nacional por el sobrecosto del mismo. 

Hay momentos en la historia política republicana donde el problema de la corrupción irrumpe como un huayco y arrasa con la clase política peruana. Estamos frente a uno de estos raros momentos debido a que por primera vez la fuente de la corrupción, las empresas constructoras brasileñas, han sido investigadas en su país de origen, los empresarios han sido encarcelados y están hablando.

Mal haríamos en considerar el escándalo que conmociona al país en las últimas semanas por el reparto masivo de coimas realizado por la empresa brasileña Odebrecht, a un vasto número de políticos y funcionarios públicos de los últimos cuatro (Fujimori, Toledo, García y Humala) gobiernos, como un asunto puntual, coyuntural, específico, ligado a la maldad de algún representante local y a la ligereza de algunos individuos.

Esta frase que se atribuye al ex presidente Alan García podría convertirse en el epitafio de la república criolla. 

La dirigencia de la CGTP convocó a una marcha contra la corrupción y contra la impunidad. Yo me adherí a esa marcha como muchos y lo ocurrido me anima a decir lo siguiente:

En el mundo y en el Perú existe la pequeña corrupción y la gran corrupción. Hoy los peruanos presenciamos una vez más cómo muerde la gran corrupción en donde más le duele a un país; en el recorte de las oportunidades para los peruanos, en los colegios que no se construyen, en los hospitales que no se ejecutan, en el desarrollo agrario que no se logra, en la logística policial que no tenemos, etc.

¿Es el caso Odebrecht, el peor tsunami político ocurrido en el país desde el retorno de la democracia tras la caída del fujimorato? ¿Quiénes son los "sobrevivientes" de un caso de corrupción que se está llevando de encuentro a los presidentes y funcionarios de la transición democrática? 

Lava Jato es un escándalo importado de Brasil con múltiples efectos en el Perú, no solo entre los políticos implicados sino en el modelo económico mismo y la república que lo defiende. 

Este sistema tiene dos polos: (a) un Estado ciertamente permisivo, por ratos coimero, facilitador de proyectos a cualquier costo, y (b) grandes empresas políticamente conectadas, que logran contratos gracias a que financian las campañas, hacen lobby y usan la puerta giratoria. Lo confirma el caso de las obras de Odebrecht y Chinchero.