¿Cuál es la situación real de Alberto Fujimori luego del indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Le corresponde, como se ha afirmado, su pensión vitalicia como exmandatario? ¿Queda libre de todas sus culpas y los juicios pendientes simplemente se anulan? ¿Puede Fujimori postular a un cargo de elección popular? Otra Mirada conversó con diversos abogados respecto al tema quienes presentaron sus opiniones al respecto tras la polémica decisión del mandatario en favor del ex dictador. 

La negociación política que terminó decantando en el indulto a Fujimori es la estocada más importante de un largo proceso cargado de pugnas y tensiones entre los dos modelos que se debate el porvenir del  Perú. La realidad que ha cuajado en los últimos días, arrincona finalmente la posibilidad de hacer factible esa agenda alternativa de gobernabilidad democrática que algunos sectores propugnaron a partir de la transición que lideró Valentín Paniagua en su breve gobierno.

Hay tres aspectos en los que se manifiesta el fenómeno de la corrupción en la política, decía José Ramón Recalde, el ilustre académico español de la Universidad de Deusto: el de la introducción del interés particular por encima del general, la falta de conexión entre el gobernante y la opinión pública y la degradación del sistema de libertades individuales. A estos aspectos se pueden agregar otros y creo que todos los últimos gobiernos del Perú se han caracterizado por compartir algunos o todos ellos.

La incapacidad de PPK para gobernar ha recortado drásticamente su mandato democrático. El pacto de impunidad, contrariamente a sus cálculos, ha resultado en un grave aislamiento político que le quita el aire necesario para llegar al 2021. Curiosamente el “antifujimorismo social”, como ahora gusta llamarse al humor antiautoritario del electorado joven y movilizado, que le permitió ganar en segunda vuelta el 2016, ahora le grita que no a su acuerdo bajo la mesa.

Seríamos más optimistas al iniciar estos pronósticos, pero lamentablemente el canje del indulto por la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski en los últimos días de diciembre, puede promover situaciones políticas inesperadas que alteran el futuro económico de los próximos meses. 

El 2018 inicia como la continuación de la segunda mitad de temporada de una serie donde la intriga política de ficción es superada por una realidad que nos ha puesto -como país- en una situación de incertidumbre, siendo el foco a nivel internacional frente a lo que pueda ocurrir con la revisión del indulto al exdictador Alberto Fujimori y los efectos de las declaraciones oficiales de Marcelo Odebrecht que implican a expresidentes, excandidatos y al actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Luego de catorce horas, el pleno del  Congreso no aprobó la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, luego del debate tras la defensa que hizo el mandatario,  acompañado de su abogado, Alberto Borea. 

Como se esperaba, los fujimoristas respaldaron la propuesta presentada por la bancada del Frente Amplio (FA), que fue sindicada en diversos momentos  por los legisladores de Fuerza Popular, como los responsables de la moción que significó la salida del presidente.

En medio de la crisis presidencial, un hecho que pasa desapercibido puede marcar un rumbo en el destino de las empresas peruanas que trabajaron consorciadas con Odebrecht. Y es que el gobierno decidió devolver al Congreso la autógrafa del Decreto de Urgencia 003 que había sido modificado por el Parlamento. 

El escándalo de corrupción que sacude el país y atraviesa transversalmente a la clase política alcanza un punto de crisis irremediable al haber tocado al Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski. Por más que sus detractores fujimoristas y apristas no puedan ocultar sus malas intenciones y sepamos de antemano que señalan al otro para protegerse ellos, el núcleo del poder político ha sido tocado.

En 1997 un grupo de migrantes en Asia comenzó a celebrar y promocionar el 18 de diciembre como Día Internacional de la Solidaridad con los Migrantes    y Emigrantes. La elección de Javier Pérez de Cuellar, como Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo posible que el 18 de diciembre de 1990 la Asamblea General aprobara la Convención Internacional de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de los miembros de su familia.