En el Perú y en nuestra América la resistencia de las mujeres se ha dado todo el tiempo y hoy 8 de marzo, desde diversos espacios y en toda la región se volverá a tomar las calles para decir basta a la violencia de género, a las violaciones sexuales, a los feminicidios, a los crímenes de odio, a la impunidad, a la intervención colonial sexista, racista y clasista del estado y el capital  sobre el cuerpo de las mujeres, al detritus de la corrupción y el capitalismo avalados por la dominación patriarcal y las instituciones del Estado.(1)  

La cumbre número ocho a realizarse en Perú los días 13 y 14 de abril, corre el riesgo de no realizarse debido a faltas diplomáticas de parte de su anfitrión. Fueron 35 Estados quienes participaron en la Cumbre de las Américas hace tres años en Panamá. En ese momento se contaba con un gobierno estadounidense que buscaba la reconciliación con “los gobiernos socialistas” de América Latina. 

Lo han negado en todos los idiomas. A pesar de las declaraciones de Jorge Barata, superintendente de Odebrecht, sobre la entrega de dinero a las campañas electorales de Keiko Fujimori y Alan García (además de las de PPK, Humala, Toledo y Villarán), los primeros han sido los más enfáticos en negar las relaciones con la empresa brasilera. 

Hace tiempo que no escribo por la vergüenza que siento de haber defendido a un hombre que creí inteligente, honesto y leal. En silencio, aguardaba algún gesto que pudiera demostrarme que, esta basura circense del indulto, era un mecanismo necesario para defender  la institución presidencial.

A mediados de la década de los 60, en el Perú se instalaron los primeros peajes con el objetivo de mantener las Carreteras, principalmente las que pertenecían a la Red Vial Nacional. Los peajes se instalaron progresivamente en las vías de alta concentración de tráfico y nunca en donde el flujo era inferior a 400 vehículos, pues no tenía sentido poner casetas o barandas en vías de bajo tráfico en donde el costo del cobro del peaje podría superar lo que se hubiera recaudado.

Mientras nos distraían con el tema de la llegada de población venezolana a nuestro país. La bancada Fujimorista del Congreso, aprobó el miércoles 21 de febrero (en primera votación) una ley que ha sido bautizada como la “ley del esclavo juvenil”, “la nueva ley pulpín” o “la ley Bartra”. Iniciativa de la autoría de la Congresista Rosa Bartra.

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, esgrimió una nueva defensa frente a los empresarios reunidos en la Cámara de Comercio de Lima. Ajeno a su realidad, el mandatario asegura que las razones de una posible vacancia son inocuas, y que son promovidas por los “comunistas” que pretenden desestabilizar su gobierno. 

Menos de dos meses después de que Kuczynski sobreviviera por poco a una votación de destitución en el Congreso, los legisladores de la oposición buscan lanzar una nueva moción de "incapacidad moral" en su contra sobre la base de sus vínculos comerciales con la brasileña Odebrecht. Con bajas calificaciones de aprobación y pocos aliados en el Congreso, la capacidad de Kuczynski para aferrarse al poder dependerá en gran medida del próximo testimonio del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que declarará ante los fiscales el 27 y 28 de febrero.

Febrero 2018: Estamos consternados y también unidos en la reacción y defensa de Jimena y de las 11,781 niñas violadas entre el 2011 y el 2016; asumiendo que son cifras de dolor sobre las que hacemos conciencia cada vez que nos asalta la rabia, la indignación y el estupor frente a nuevos casos de horror, producto de la violencia de género que produce el sistema patriarcal. Lo más duro es que las cifras se vuelven relevantes al evidenciarse que no de casos únicos, sino más bien un patrón de abuso permanente.  

Hemos visto en estos días en Lima el último episodio de la crisis política en Venezuela. El denominado “grupo de Lima” en el afán de echarle más leña al fuego, ha decidido señalar que “el Presidente Maduro no será bienvenido” a la Cumbre de las Américas a celebrarse el próximo abril en el Perú. La razón que ha dado es que se han convocado a elecciones presidenciales sin acuerdo con la oposición.