Aunque la iniciativa ya superó una primera votación en el Congreso, aún no se convierte en ley. Especialistas sostienen que vulnera principios constitucionales y podría favorecer la impunidad, por lo que la presión ciudadana será clave en el debate final.

Perú, Colombia y Brasil celebran procesos electorales presidenciales que están redefiniendo el equilibrio geopolítico sudamericano. En escenarios políticos sumamente reñidos, y con una abierta injerencia del gobierno estadounidense, el rol de las fuerzas políticas pulcras de centro resulta incomprensible. Frente a candidatos de ultraderecha como Keiko Fujimori, Abelardo de la Espriella y Flavio Bolsonaro, dichas fuerzas políticas sugieren viciar el voto.

El domingo 7 de junio de 2026, el destino del Perú no se definió únicamente en las calles de Lima, los valles del Cusco o las arenosas llanuras de Piura. Se jugó, de manera dramática y silenciosa, en las oficinas congeladas por el aire acondicionado de Miami, en las plazas de Madrid y en los abarrotados centros comunitarios de Buenos Aires. Más de 1.2 millones de compatriotas en el exterior —una masa electoral capaz de inclinar la balanza en una elección que se araña voto a voto— salieron a las urnas.

Las actas del extranjero contra el clamor del Perú profundo

A una semana de la segunda vuelta presidencial, el Perú vive una de las crisis electorales más tensas de su historia reciente. Mientras el voto de las regiones del interior favoreció mayoritariamente a Roberto Sánchez, las actas del extranjero han modificado el resultado, generando acusaciones de judicialización del proceso y de desconocimiento de la voluntad expresada en el llamado “Perú profundo”.

Este 7 de junio todos los peruanos tenemos la obligación de elegir entre una, otra opción y la no deseable de anular o votar en blanco. Desafortunadamente, el pacto corrupto en el Congreso de la República, liderado por Fuerza Popular, promovió la proliferación de partidos políticos y la dispersión extrema del voto. Las dos fuerzas que compiten por la preferencia ciudadana solo sumaron poco menos del 20% del total de electores y poco más del 29% de los votos hábiles.

El 7 de junio fue una asombrosa victoria popular, una campanada que recuerda que Lima no es el Perú y que millones de peruanos quieren un lugar en la prosperidad de su país.

La gente común de nuestros pueblos latinoamericanos ya no habla de China solamente como un país lejano que compra petróleo, hierro o soya, ahora se habla de una potencia que se está metiendo “hasta la cocina” en América Latina, y no solo en comercio, también en tecnología, puertos, carreteras, energía, telecomunicaciones, inteligencia artificial, vigilancia digital y hasta en el juego político de la región. 

Dos planes, un mismo límite: gestión sin reforma y reforma sin viabilidad

En salud, las dos candidaturas que compitieron en la segunda vuelta electoral comparten un defecto que ninguna nombra: miran hacia adentro del sistema. Ven la consulta, el medicamento, la cama hospitalaria. Pero lo que enferma a las personas antes de que lleguen —la pobreza, la informalidad, la inseguridad alimentaria, el agua contaminada, la vivienda precaria, el barrio sin saneamiento— queda fuera del encuadre. Allí se fabrica una parte enorme de la enfermedad peruana. En la casa.

El Perú no está polarizado por casualidad. La fractura social, política y territorial que divide a los peruanos es el resultado de una modernización incompleta, una democracia de baja calidad, partidos convertidos en franquicias electorales, un Estado ausente y un modelo económico que exhibe cifras macroeconómicas “ordenadas” mientras millones de ciudadanos sobreviven en la precariedad, la informalidad y el abandono.

La propuesta de reactivar el PRONAA ha vuelto al debate electoral como respuesta a la crisis que enfrentan los pequeños productores arroceros. Sin embargo, la experiencia demuestra que este programa terminó favoreciendo principalmente a intermediarios y grandes proveedores. Además, durante el fujimorismo fue cuestionado por graves casos de corrupción y manipulación política. El debate de fondo no es solo el PRONAA, sino la transparencia y el destino de las compras públicas del Estado.