Las actas del extranjero contra el clamor del Perú profundo
A una semana de la segunda vuelta presidencial, el Perú vive una de las crisis electorales más tensas de su historia reciente. Mientras el voto de las regiones del interior favoreció mayoritariamente a Roberto Sánchez, las actas del extranjero han modificado el resultado, generando acusaciones de judicialización del proceso y de desconocimiento de la voluntad expresada en el llamado “Perú profundo”. Entre impugnaciones, disputas en los Jurados Electorales y una creciente polarización política y social, el país enfrenta un escenario de incertidumbre que pone a prueba la legitimidad democrática y la estabilidad nacional.
El Perú vuelve a fracturarse. Una semana después de la segunda vuelta presidencial, el Perú se sumerge una vez más en un escenario de extrema polarización y suspenso político. Lo que debió ser una jornada democrática para elegir al sucesor del actual mandatario se ha transformado en un conteo milimétrico de votos que mantiene al país al borde del estallido social. La razón: una maquinaria orquestada desde el fujimorismo para alterar el resultado de las urnas y encender las tensiones tanto en la capital como en las regiones.
Lo cierto es que nunca antes en el Perú habíamos visto un escenario semejante: que un candidato gane las elecciones dentro del territorio nacional, mientras que el otro pretenda arrebatárselas en la mesa con los votos de los peruanos en el extranjero. Así de cruda es la realidad.
La guerra en los Jurados Electorales
En estos agónicos días del tramo final, la definición de la presidencia ya no pasa por la voluntad popular en las urnas, sino por las mesas de los Jurados Electorales Especiales (JEE), los nuevos interventores de un país quebrado y dividido. Aquí, la guerra legal es implacable. Fuerza Popular ha concentrado su artillería en impugnar y cuestionar las actas del Perú profundo, apuntando directamente a las zonas rurales y andinas como Puno. Mientras tanto, Juntos por el Perú intentó anular 1,700 mesas en Lima Metropolitana, el fortín del fujimorismo. No obstante, burocracia, las trampas de la nueva legislación del Congreso y la valla económica les jugaron en contra: sus pedidos fueron rechazados por cuestiones técnicas y la falta de pago de tasas, forzando a la izquierda a recurrir a colectas populares para costear la defensa de su voto.
¿Un resultado de infarto y estafa encubierta?
La cruda realidad es que el avance arrollador de la izquierda, empujado por el clamor, la dignidad y el voto de protesta de las regiones históricamente postergadas del país, ha sido frenado en seco. Hoy, en medio de la más alta tensión, Roberto Sánchez ha convocado a diputados, senadores y dirigentes de JPP a reunirse bajo la consigna “Al pueblo se le respeta”, exigiendo “gran responsabilidad con el pueblo, la democracia y la justicia” (La prensa TV, 16.6). Mientras tanto, las actas del extranjero —bastión histórico de la derecha— le han servido al fujimorismo para arrebatar el primer lugar por un margen verdaderamente ridículo. Con este empate asfixiante, el fallo oficial tardará semanas y nacerá bajo el fuego de la protesta social. El panorama es peligroso. Mentes lúcidas como César Hildebrandt, Juan de la Puente y Claudia Cisneros lo dicen con claridad: si la polarización se desborda, el Perú se encamina hacia una guerra civil que podría manchar de sangre nuestra historia reciente.
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