La modernización y el fortalecimiento de Petroperú fueron plasmadas en la Ley 28840, de febrero del 2006, que explícitamente dice: “Artículo 3: El objeto social de PETROPERU SA es llevar a cabo las actividades de Hidrocarburos que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 26221, en todas las fases de la industria y comercio del petróleo, incluyendo sus derivados, petroquímica básica y otras formas de energía”.

Una condición esencial para el fortalecimiento y modernización de una empresa estatal, en este caso Petroperú, es que debe establecerse una clara política de Estado que defina sus roles y objetivos. Esto le corresponde a la Junta General de Accionistas, constituida por tres representantes del Ministerio de Energía y Minas (incluido el Ministro, que la preside) y dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (incluido el Ministro). Cada uno representa un 20% de las acciones de la empresa.

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Las familias se han convertido, para ciertos sectores, en responsables de lo que por obligación le toca al Estado. El pedido de Monseñor Cipriani a que sean las familias las que se enfrenten al poderío económico de la propaganda de la comida chatarra no es el único caso, también lo es la educación sexual y el acceso de los y las adolescentes mayores de 14 años a los servicios de salud sexual y reproductiva, asunto que viene siendo discutido en el Art. 27 del Proyecto del Código del Niño, Niña y Adolescente.

Frente a la renuncia de Rafael Roncagliolo estamos en la obligación de ir más allá de los problemas coyunturales que la determinaron y comenzar a discutir cuál debe ser el rumbo de la política exterior peruana luego de su salida. Es decir, ir más allá de los últimos incidentes diplomáticos en los que estuvieron involucrados Ecuador y Venezuela o el tema, importante por cierto, sobre la salud del excanciller. También de los argumentos de una derecha que hace mucho tiempo buscaba su renuncia.

Se ha dicho y escrito mucho en contra del Plan La Gran Transformación, y sin embargo los jóvenes y trabajadores de diversas partes del país –en conferencias y congresos-- lo enarbolan como símbolo de agitación e identidad política.

Discutir sobre el aborto invita a desarrollar distintos niveles de reflexión y hacerlo con argumentos podría dar cuenta de las distancias que aun separan a los hombres de las mujeres, tanto a nivel simbólico, como real. Pues aun cuando el aborto ocurre solo en el cuerpo de las mujeres, no es un fenómeno aislado y sólo evaluado desde esta perspectiva podríamos entender porque resulta tan difícil ponernos de acuerdo sobre algo que parece tan obvio.

La democracia republicana no puede ser compatible con el totalitarismo. La critica a la democracia y al Estado existentes en nuestro país -que se hace en el plan LGT-, descubre una crisis de efectividad o de legitimidad de esa democracia y de ese Estado; una distancia entre la «teoría y la praxis» que el neoliberalismo acentuó en las últimas décadas. Esta práctica de la impostura fue también la que finalmente provocó el derrumbe de los regímenes totalitarios que se reclamaban «gobierno de la clase obrera».

La actual legislatura del Congreso de la República no ha traído nada bueno para la igualdad.

Primero fue el archivamiento del Proyecto de Ley de Alternancia, que hubiese terminado con la sacada de vuelta, que hacen todos los partidos políticos a la Ley de Cuotas; ahora con la inminente aprobación del Proyecto del Código del Niño y del Adolescente en la Comisión de la Mujer, contraria a los derechos humanos de las mujeres y a las urgencias de la salud pública, particularmente de la mortalidad materna.

En el plan LGT no hay oposición entre el Estado y el desarrollo de la economía de mercado. El Estado debe ser libre de captura por los grupos de poder económico y los ciudadanos deben ser libres de dominación social. Sin  embargo, como no se puede concebir la libertad fuera del contexto de «relaciones e instituciones sociales», hay que partir del reconocimiento del carácter «políticamente no neutral de la vida social».

El Primer Juzgado Constitucional de Lima ha anunciado públicamente el 18 de junio, que ha acogido una demanda cautelar de la Defensoría del Pueblo y ha suspendido el sorteo para llenar con reclutas forzosos las plazas del Servicio Militar que debía realizarse el pasado 19 de junio, mientras se resuelve la cuestión de fondo.