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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha declarado en Estado de Emergencia a 1,264 distritos y provincias, ubicados en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, entre otras, hasta fines de noviembre. Con esto se espera que las autoridades locales inicien las labores de prevención ante el peligro inminente que representa el fenómeno de El Niño.
 

Todo indica que en el 2016 los gobiernos locales y regionales nuevamente sufrirán el recorte de los recursos que recibían del canon minero. La principal renta territorial de dichas instituciones continúa en caída desde el año 2012. Esto se debe a que los precios de los metales han sufrido una severa disminución en el mercado internacional, lo que implica menores ingresos por ventas para empresas mineras, así como, menores utilidades.

El proceso de descentralización en el país ha sufrido desde hace más de 30 años, una serie de cambios, pero ninguna ha generado efectos positivos en el desarrollo administrativo del país.

La renuncia de Pablo de la Flor, responsable de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), evidenció, por si hacía falta, la virtual parálisis del proceso de rehabilitación, prevención y reconstrucción lanzado por el gobierno como respuesta al Niño Costero que afectó distintas regiones del país, dejando a decenas de miles de personas sin vivienda y sin acceso a servicios básicos y a vías de comunicación, pero dejándolas también sin sus principales fuentes de ingreso, es decir sus tierras y sus empresas.

Lo presentaron como el gran paro macro regional del sur en camino hacia el Paro Nacional Cívico y Popular, en un cónclave que lo titularon: “Encuentro Macrorregional Sur de los Pueblos del Perú”, y anunciaron que su medida de fuerza se realizaría el 6 de junio pasado. 

El Covid19 ha demostrado, entre otras cosas, que es un virus que no conoce de estratos sociales ni de fronteras geográficas. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud reflejan los índices de contagio en el país y estos datos son utilizados para condensar informes que muestran una dura realidad.

En noviembre del 2020, millones de peruanos tomaron las calles y en  seis días se logró la salida del gobierno ilegítimo de Manuel Merino, congresista de Acción Popular (AP) que encabezó una maniobra política desde el Congreso para vacar al –entonces- presidente Martín Vizcarra, a tan solo ocho meses de las elecciones del 2021. En tan solo una semana, el Perú tuvo 3 presidentes. 

Las próximas elecciones regionales del 7 de octubre de este año 2022 pueden ser un hito y una inflexión en la política nacional: millones de electores de las regiones ricas de bienes naturales, pero empobrecidas, marginadas segregadas, olvidadas e invisibilizadas en uno de los países más hipercentralistas del mundo, caso del Perú, podrán estar iniciando con su voto y su decisión lúcida y democrática un verdadero parteaguas en la historia política del Perú.

Si el pasado 6 de junio dos observadores externos hubieran aterrizado en Perú, uno en Lima y otro en cualquier otro lugar de la geografía nacional, habrían descrito dos países diferentes. En Lima, el primer observador habría visto cómo dos de cada tres electores estaban votando aquel día por Keiko Fujimori.

También podríamos preguntarnos: ¿Es posible construir una nueva democracia, sin Lima? Quizá más, lo que supone ¿construirla desde las regiones? ¿Por qué el atrevimiento, si así se supone? Aunque no lo sería.