En un artículo publicado en El Comercio el 7 de mayo de 2013, Carlos Meléndez sostiene que “al menos en el plano económico, la derecha ha ganado la batalla de las ideas en el Perú”, en alusión al abandono de la propuesta del gobierno de adquirir los activos de la española REPSOL. Además, en líneas anteriores afirma que “lo que quedó demostrado es que el gobierno nacionalista fue arrinconado por una combinación de oposición legislativa, poder mediático y presión empresarial”.

La posible compra, ahora descartada, de los activos de Repsol por parte de Petroperú levantó un debate encendido. Por un lado estuvieron aquellos que defendían la compra, pensando en el fortalecimiento de la empresa Petroperú y también enfatizando la necesidad de evaluar las condiciones en que esta debía llevarse a cabo. Por otro, quienes desde que asomó la idea de un posible fortalecimiento de la empresa pública levantaron la voz arremetiendo contra lo que, según ellos, constituía una propuesta aberrante, retrógrada, ridícula.

Una condición esencial para el fortalecimiento y modernización de una empresa estatal, en este caso Petroperú, es que debe establecerse una clara política de Estado que defina sus roles y objetivos. Esto le corresponde a la Junta General de Accionistas, constituida por tres representantes del Ministerio de Energía y Minas (incluido el Ministro, que la preside) y dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (incluido el Ministro). Cada uno representa un 20% de las acciones de la empresa.

Parte importante de la última transición democrática vivida por el país, fue el desvelamiento de una red de corrupción muy bien estratificada y altamente especializada en estos menesteres. Esto desembocó en la conformación de dos grupos de investigación en el Congreso de la República. La Comisión Investigadora de Casos de Corrupción de la década 1990-2000 y otra Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros de esta etapa.