Los independientes, que tienen que buscar su cachuelo día a día, si tienen menos de 40 años ahora tienen otro descuento del 12% sobre sus ingresos. Ya tenían un 10% de impuesto a la renta. Ahora deben aportar a la AFP Habitat (chilena) otro 11,2%, si no quieren que el descuento sea mayor (13%) a la ONP.

¿Ganaba usted 2 mil mensuales líquido (ya descontado el impuesto a la renta)? Pues ahora recibirá menos de 1, 800. ¿Ganaba 4,000? El hachazo supera los 440 soles.

Luis Miguel Castilla ha dicho que el descuento se mantiene a pesar de las protestas. Pero no ha explicado nada. No ha explicado por qué se exige a los trabajadores que aporten a la AFP, pero no se exige a los empleadores que aporten a la seguridad social en salud, como hacen para los trabajadores dependientes. No ha explicado por qué, si quienes ganan entre 750 y 1,125 tienen un descuento menor durante un par de años, las comisiones que les cobran las AFPs no se reducen. No ha explicado por qué para quienes ganan menos de 750 soles mensuales no hay alternativa para que tengan pensión salvo que estén en un distrito rural alejado (Pensión 65 de apenas 125 soles,  ¿alguien vive con eso?).

El congresista oficialista Jaime Delgado ha pedido suspender la aplicación de la medida, y ha traslado su pedido a la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros. Que tal raza. El MEF elabora la ley, Jaime Delgado la aprueba, y luego ambos quieren zafarse de su clara responsabilidad en este problema. Si el congresista promovió (el dictamen aprobatorio en el Congreso pasó por la comisión que él dirigía y está encabezado por su firma) y aprobó una ley injusta, pues lo primero que debe hacer es reconocerlo y rectificar el error con otra ley derogatoria, y no tratar de echarle la responsabilidad a otros.

Ahora que el gobierno llama a diálogo nacional con los partidos políticos, bien haría en dialogar con organizaciones sociales en general, y en este caso en particular con quienes protestan desde las redes sociales y con gremios profesionales afectados, como los abogados, los contadores o los médicos. Imponer una medida sorpresiva y no informada a la población es una mala forma de actuar si se tiene el objetivo de defender y fortalecer la democracia.

El principal problema sigue siendo que el gobierno no tiene una propuesta integral del sistema de pensiones, cuyo principal defecto sigue siendo que deja sin pensión a la mayoría de los pobres. Menos aún para la seguridad social. Pensión 65 solo funciona en algunos distritos de extrema pobreza en zonas rurales. Para el lustrabotas, el cobrador de combi o el limpiador de vidrios en cualquier esquina de Lima, no hay nada. Tampoco han salido adelante las propuestas para que las microempresas tengan facilidades en dar seguridad social a sus trabajadores.

La democracia y la justicia social requieren una seguridad social fortalecida, pero no por la vía fácil de imponer un descuento mayor a los trabajadores, sino por la vía del esfuerzo tripartido compartido con empresarios y el estado, y por la vía del diálogo y no de la imposición.