Julio Arbizu, el Procurador Anticorrupción, está siendo blanco de los ataques de los investigados por él.

El APRA y el fujimorismo principalmente, han coincidido en pedir al Gobierno se le silencie, investigue, juzgue y encarcele.

De los cargos que le están lloviendo, ya la 49° Fiscalía Provincial Penal de Lima archivó una de ellas, “por  no haber mérito para formalizar denuncia en su contra”. Esta imputación la formalizaron los congresistas Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén del APRA y Pedro Spadaro del grupo fujimorista.

Pero no se han quedado tranquilos. Las bancadas PPC-APP (Luis Galarreta, Alberto Beingolea, Juan Carlos Eguren, Marisol Pérez Tello, Luis Bedoya, Luis Iberico y Richard Acuña), Concertación Parlamentaria (Luciana León, Javier Velásquez Quesquén, Mauricio Mulder, Elías Rodríguez Zavaleta y Renzo Reggiardo de Cambio 90) y Fuerza Popular (todos los fujimoristas), han presentado una moción multipartidaria que harán llegar al Ministro de Justicia, Daniel Figallo, exigiendo su “destitución inmediata”.

Esto se da en el marco de cuatro hechos post 28 de julio: El anuncio del Ministro de Economía de que comienza una época de “vacas flacas” en la economía nacional, el llamado del Premier a un sector de la oposición para la elaboración de una agenda consensuada, un ensayo fallido de cambio de las condiciones carcelarias para el reo Alberto Fujimori y un descenso  de la aprobación del mandatario y su esposa.

Estos ataques contra Arbizu, no apuntan tan sólo a él, sino a todo el trabajo que, en materia de lucha anticorrupción, está desarrollando este Gobierno.

Si hay algo que se podría destacar de esta gestión, es sin duda, el trabajo en materia de lucha contra la corrupción que están desarrollando el Procurador Julio Arbizu y la Megacomisión que, aunque es una comisión congresal, es conducida por un parlamentario oficialista.

La Procuraduría Anticorrupción de Arbizu, luego de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, ha conseguido que regresen al país, hasta enero de este año,  220 millones de dólares, provenientes de delitos en agravio del Estado.

Igualmente, en los dos últimos años,  recuperó 4 millones de soles producto de las reparaciones civiles a los sentenciados por corrupción, lo que significa un incremento importante respecto de años anteriores.

Hemos visto por primera vez la ejecución de embargos a los condenados por corrupción que no pagaban la reparación civil y, que de manera benevolente, el Estado no cobraba. Está en la agenda de Arbizu, evitar que los sentenciados por corrupción soliciten beneficios penitenciarios sin antes haber pagado las reparaciones civiles a que están obligados en mérito a sus respectivas sentencias.

Lo que preocupa es que no haya ninguna voz desde el Ejecutivo o desde la bancada oficialista del legislativo, que defienda al Procurador. Y cuanto más largo es el silencio, más se debilita la institución y su titular.

Dejar que sigan los ataques a Arbizu significa automáticamente dejar sin respaldo a Sergio Tejada y la Megacomisión cuyo informe final está pronto a presentarse.