ENTREVISTA | ALICIA BÁRCENA, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL

La pelota no se mancha 

La demanda de Odebrecht ante el CIADI (organismo adscrito al Banco Mundial) por US$ 1,200 millones debido a un supuesto incumplimiento del Estado peruano de sus obligaciones vuelve a poner todos los reflectores sobre el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Recordemos que el Consorcio GSP estaba constituido por Odebrecht, 50%; Enagás, 25% y Graña y Montero, 20%.

Mientras la policía trasladaba a José Delgado Heredia, alcalde de Punta Negra, detenido por presuntamente encabezar la banda criminal “La Jauría del Sur”, la excongresista aprista Luciana León reaparecía ante las cámaras en la sesión de la Comisión Permanente días después que el Poder Judicial aprobara el impedimento de salida del país en su contra por el proceso que se le sigue en el marco del caso “Los Intocables Ediles”, organización criminal que actuaba en el distrito de La Victoria y que según la tesis fiscal habría contado con los favores de la parlamentaria y su despacho congresal.

El gobierno del señor Vizcarra acaba de cometer un tremendo error político al promulgar el Decreto de Urgencia Nº 014-2020, publicado el 23 de enero 2020, pues introduce un factor de gran conflictividad en las relaciones laborales en el sector público. Es esencialmente antidemocrático porque elimina la precaria negociación colectiva existente en los trabajadores que laboran en el sector público.

En el 'Hay Festival de Cartagena de Indias' (Colombia), el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, dijo que el mundo necesita "un nuevo contrato social" que busque un equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad para acabar con la inequidad social y económica.

El Nobel de Economía Joseph Stiglitz aseguró que el mundo necesita "un nuevo contrato social" que busque un equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad para acabar con la desigualdad y las protestas, bajo la advertencia de que la extrema derecha "no funciona".

Fue en una reunión en la universidad católica que una vez más se mancha de sangre y vergüenza donde se reunieron: el embajador de Brasil como representante de los intereses norteamericanos y de Bolsonaro, Tuto Quiroga como representante de la CIA, Fernando Camacho como cabeza del fascismo y como dueño del proceso de derrocamiento de Evo Morales, no estoy segura pero parece ser que Carlos Mesa también estuvo allí metiendo la pata, Waldo Albarracín y seguramente alguno más pisoteando toda institucionalidad, con la bendición de la cúpula de la iglesia católica, decidiendo a puerta cerrada quie

La elección parlamentaria extraordinaria del domingo 26 de enero del 2020 no solo ha modificado drásticamente el mapa político peruano ha descalabrando a la ultraderecha política constituida por el fujimorismo, dejando al borde de la crisis terminal al Apra y decretando la extinción de partidos como Solidaridad Nacional y otros.

Luego de la disolución del Congreso el 30 de septiembre del año pasado muchos y muchas pensaron, con cierta razón, que el futuro político y económico del país cambiaría radicalmente. El fin de la hegemonía de una mayoría abusiva y artificial en el Congreso, como el apro-fujimorismo, fue algo así como el inicio de un futuro distinto que tenía que ser complementado con una nueva elección legislativa. Era pues la oportunidad de cambiar una representación política en el Congreso que una mayoría de peruanas y peruanos repudiaba abiertamente, como lo mostraba semana tras semanas las encuestas.

Las elecciones del 26 de enero han sido un fracaso para el Perú y, en especial, para la izquierda. Estas elecciones fueron convocadas por la disolución del parlamento el 30 de setiembre de 2019 y se suponía debían ser el inicio de una salida política a la misma. Sin embargo, por los resultados electorales, tendremos un Congreso conformado mayoritariamente por partidos que no tienen propuesta política y que suelen moverse de acuerdo al dictado de los medios que expresan el ánimo conservador de las élites o peor todavía, de las ambiciones personales de sus integrantes.

La empresa dueña del proyecto minero Ariana acaba de sacar un comunicado, a toda página, en el diario La República (20 de enero de 2020) en el que afirma que hay una coalición de intereses, liderada por la institución CooperAccion, que busca afectar la institucionalidad jurídica del país y de todo el sector minero. Tremenda acusación.