La discusión sobre los delitos de corrupción tiene la más alta importancia y, qué duda cabe, influenciará el derrotero político del país para el largo plazo. Dicho esto, hay temas claves que también se discuten en esta coyuntura, pero que tienen muy poca atención. 

Uno de ellos es la enésima postergación, por parte de Proinversión, de la masificación del consumo del gas natural en siete regiones de la Sierra Central. Vamos al detalle de los “por qué” de las postergaciones.

La pelota no se mancha 

La demanda de Odebrecht ante el CIADI (organismo adscrito al Banco Mundial) por US$ 1,200 millones debido a un supuesto incumplimiento del Estado peruano de sus obligaciones vuelve a poner todos los reflectores sobre el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Recordemos que el Consorcio GSP estaba constituido por Odebrecht, 50%; Enagás, 25% y Graña y Montero, 20%.

Hay que terminar con la subsidiariedad del Estado 

Hace ya varias semanas que los altos precios de los combustibles golpean los bolsillos de los transportistas, del público en general y, también, de los hogares. Los responsables del gobierno nos dicen que nada se puede hacer y debemos resignarnos al alza de los precios internacionales. Pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer pero que no se hacen porque el Estado ha abdicado de sus responsabilidades energéticas debido al concepto neoliberal de la subsidiariedad del Estado. Vamos por partes. 

Estamos atravesando una crisis energética con tres componentes: la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha causado una disminución de la oferta de petróleo y gas natural, lo que ha traído una fuerte alza de precios. La voladura del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), que impide el flujo de gas natural de Camisea a Lima y que también ha causado el cierre del poliducto que trae los líquidos sobre todo el GLP.

Crónica de la vulnerabilidad energética

Siempre hemos sostenido la necesidad de tener un gasoducto alternativo al gasoducto que conecta el campo Malvinas (provincia de la Convención/Cusco con Lurín /Lima), por seguridad y autonomía energética desde el punto de vista del interés público y para satisfacer a millones de consumidores, sobre todo de la Macro Región Sur, los más pobres del país que ven frustradas sus expectativas de gozar de los beneficios de tener un combustible limpio, barato y seguro.