contaminación

Las organizaciones sociales de la provincia de Hualgayoc tienen programado realizar un paro de 48 horas, los días martes 2 y miércoles 3 de junio, con la finalidad de hacer frente a la contaminación y la expansión de actividades de las compañías mineras Gold Fields, Coimolache y San Nicolás, que operan en la provincia.

Mediante el informe No.005-2015-ANA-AAA.M-SDGCRH, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), presentó los resultados de los análisis hechos a las muestras tomadas durante el Tercer Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua Superficial de la Cuenca del Río Llaucano, en la provincia de Hualgayoc.

Entre los años 2011 y 2014, nueve empresas mineras que operan en Puno fueron sancionadas por el Organismo de Evaluación y  Fiscalización Ambiental (OEFA) por incumplir normas de protección ambiental, sobrepasar límites máximos permisibles en efluentes y por presentar información inexacta o extemporánea, entre otros motivos.

Según Convoca, las multas oscilan entre los siete mil 900 y los 600 mil Nuevos Soles, como es el caso de la empresa Arasi S.A.C., que acumuló hasta cuatro infracciones luego de procesos iniciados entre los años 2009 y 2012. (1)

La paralización de la empresa metalúrgica de capital norteamericano Doe Run Perú (DRP) es una carga pesada para los trabajadores y el Estado. Pese a que la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, trata de poner paños fríos y asegura que no se alterará el plazo final de venta de los activos de DRP, el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza; entre los trabajadores y la población de La Oroya existe incertidumbre pues a la fecha no se ha aprobado el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), requisito indispensable para la reactivación del CMLO.
 

Con suma preocupación el exministro del Ambiente Ricardo Giesecke advirtió que se estaría priorizando la cobertura en mayor número de conexiones de agua pero no se viene realizando una correcta fiscalización de la calidad del agua potable que se distribuye en el Perú. Entre el 50 y 60% del agua que consumimos los peruanos no es necesariamente agua segura, puesto que siempre se puede verificar que las aguas siempre tienen algún grado de contaminación residual.

Los ciudadanos de Lima y el Callao sufren intensamente las externalidades negativas (congestión, contaminación y accidentes) causadas por la desregulación del transporte y la enorme debilidad de la gestión del tránsito. Dos tercios de la contaminación aérea son causados por la antigüedad del parque automotor del servicio público, la velocidad de circulación se reduce todos los días y cada año se producen 50,000 accidentes sólo en Lima. Por ello, los expertos concluyeron hace más de dos décadas que se requiere implementar una reforma sistémica en el transporte urbano.

La empresa dueña del proyecto minero Ariana acaba de sacar un comunicado, a toda página, en el diario La República (20 de enero de 2020) en el que afirma que hay una coalición de intereses, liderada por la institución CooperAccion, que busca afectar la institucionalidad jurídica del país y de todo el sector minero. Tremenda acusación.