La paralización de la empresa metalúrgica de capital norteamericano Doe Run Perú (DRP) es una carga pesada para los trabajadores y el Estado. Pese a que la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, trata de poner paños fríos y asegura que no se alterará el plazo final de venta de los activos de DRP, el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza; entre los trabajadores y la población de La Oroya existe incertidumbre pues a la fecha no se ha aprobado el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), requisito indispensable para la reactivación del CMLO.