Luego de que el presidente Ollanta Humala anunciara el fin de semana que el polémico proyecto minero Conga debe implementarse, es necesario prever los escenarios que se abren con esta decisión y lo que implica tanto para la protesta cajamarquina y los sectores que la adhieren, como para quienes saludan la viabilidad oficial del proyecto. Tender puentes al diálogo sigue siendo necesario, pero no basta a estas alturas. Se requiere que el Estado ponga por delante su rol de protección de los derechos de la población y no solo la promoción de la inversión privada.
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Carlos Monge
El Sábado 23 de Junio el Presidente de la República anunció al país que “Para que el crecimiento se convierta en desarrollo inclusivo y sostenible, lideraremos una nueva relación con las actividades e industrias extractivas”, y que “Para materializar este compromiso, constituiremos una Comisión Multisectorial que en 30 días entregará la propuesta de normas que nos permitan avanzar en el camino de desarrollo sostenible. Esta Comisión será liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y contará con una secretaría técnica que estará a cargo del Ministerio del Ambiente.”
Hugo Cabieses
En pleno debate sobre la relevancia integral de la minería a propósito de Xtrata-Tintaya en Espinar, y Conga en Cajamarca, sabemos que hasta el 26 de julio del 2011 había en el país 6,847 Pasivos Ambientales Mineros (PAM) debidamente registrados en el Ministerio de Energía y Minas. No obstante, aunque parezca increíble, casi ninguno de ellos tiene “estudios ambientales” y tampoco “nombre del responsable del pasivo” (véase el siguiente enlace).
Carlos Tapia
El problema de Espinar se encuentra ya encaminado hacia el diálogo, aunque los acuerdos importantes tardarán más tiempo de lo previsto en concretarse. La libertad del alcalde Oscar Mollohuanca, no solo ha permitido reencauzar el conflicto al interior de los márgenes democráticos sino, además, convertirse en una muestra palpable que si se responde a la arbitrariedad y la prepotencia con la razón, el respeto a las leyes y normas, la justeza de la lucha termina consiguiendo un amplio apoyo de la ciudadanía.
A continuación, el análisis del proyecto de la Declaración de Lima que resultará de la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y de Jefes de Organismos Nacionales Especializados contra el Problema Mundial de las Drogas, este 25 y 26 de junio en Lima. Como se recuerda fue un ofrecimiento del Presidente Humala, ante el Congreso de la República en julio 2011.
Entre viaje y viaje, el Presidente Humala apenas ha tenido tiempo para enterarse de las novedades. A su retorno de Chile, encontró varias: su bancada parlamentaria, a la que nunca le dio particular importancia, finalmente se rompió, mientras su Primer Ministro, siguiendo la moda de comunicarse con el país a través del tuits, arremetió contra los dirigentes que se oponen a ciertos proyectos mineros, llamándolos incendiarios.
Sobran elementos en la actual coyuntura nacional para afirmar que el gobierno de Ollanta Humala está desarrollando una lógica crecientemente autoritaria.
Como describimos en la editorial anterior, la crisis del gabinete ha sido fruto de una crisis mayor, no obstante, se la ha querido resolver con un enroque de funcionarios al interior y entre ministerios, por lo que el problema de fondo subsiste:
El gobierno de Ollanta Humala se encuentra frente a una crisis política en desarrollo, que va mucho más allá que la previsible censura de dos de sus ministros.
