El día martes, el Premier Juan Jiménez expuso, junto a su ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, en el Pleno del Congreso de la República los detalles de los proyectos de Ley de Presupuesto Público, de Endeudamiento Público y Equilibrio Financiero para el año fiscal  2013. Una vez más se ha iniciado el rito del Presupuesto Público, que no es otra cosa que una letanía donde el Ministerio de Economía y Finanzas se impone a la representación nacional y casi no permite modificaciones a su propuesta salvo aquellas surgidas de la negociación para obtener los votos necesarios para aprobarla como ley.

El gran dilema con el presupuesto público es que sigue siendo mirado con un enfoque contable y no como una herramienta para alcanzar las metas de desarrollo nacional ni satisfacer progresivamente los derechos de las personas. El Perú es uno de los pocos países del mundo en el que el presupuesto es hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas. En la mayoría de los países de la región el presupuesto es elaborado por una institución pública, o por un ministerio encargado de planificación. En nuestro caso es como si el presupuesto de la empresa fuera hecho por el cajero y no por la gerencia.

El presupuesto institucional de apertura (PIA) planteado por el MEF para el 2013 se incrementa en un 13 por ciento respecto del PIA 2012. Sin embargo, la inercia presupuestal junto con la centralización de los recursos en el gobierno nacional, la lógica primario exportadora y la excesiva discrecionalidad del MEF se mantienen. Basta decir que la reserva de contingencia, que son recursos directamente controlados por el Ministerio de Economía, se ha incrementado en casi 400 millones de soles, llegando a la suma de 5 mil 273 millones. Recursos que se encajonan en economía y finanzas bajo el concepto de imprevistos. Casi un punto porcentual del PBI se queda bajo el control del cajero.

La función industria apenas llega a 98 millones de soles lo que revela que no hay una apuesta por fortalecer las bases económicas productivas que fomenten puestos de trabajo productivo y con derechos.  Por el lado contrario, el incremento en la función de protección social se ha más que duplicado, pasando de 1,990 millones de soles, a 4,363, lo que no está mal, si es que dicho aumento estuviera enmarcado en una estrategia nacional de política productiva y de elevación del ingreso de las familias. De manera aislada, no pasa de ser un paliativo a la pobreza que no la elimina y que incluso se presta para la utilización política de los recursos públicos.

La visión del MEF es cortoplacista y no guarda relación con una visión de desarrollo que permita identificar en qué medida los recursos de todos los peruanos se van utilizando en el tiempo para no solo superar la pobreza, sino crear las condiciones materiales para la vida en paz y democracia.

La distribución presupuestal sigue siendo eminentemente centralista. Nuevamente se dirá que los gobiernos subnacionales no saben gastar, sin embargo, en estos últimos años han demostrado ser más eficaces en el gasto que muchos sectores que administra el gobierno central.

Se trata, nuevamente, de un presupuesto conservador. En dos sectores claves para el desarrollo, como  Salud y Educación, no existe un aumento considerable de recursos. Siguen estando a la cola de las prioridades, mientras los médicos y los profesores adoptan medidas de protesta social para exigir un salario justo y mejores condiciones de trabajo. El aumento en la función educación es apenas del 9 por ciento, ascendiendo a 16,712 millones de soles. Bastante lejos de la meta del Acuerdo Nacional del 6 por ciento del PIB.

En el caso del programa social Pensión 65, vemos que el apoyo es mínimo. Apenas alcanza los 445 millones, en un país donde más de un millón de ancianos no tienen pensión ni renta. Pensión 65 que surgió como una propuesta de pensiones no contributivas en un marco de masificación de la cobertura previsional, se ha convertido en un programa social diminuto.

Lo que hace falta es que una institución como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), sea la que oriente el presupuesto de acuerdo a metas de desarrollo. Por ejemplo, se debería plantear tanto para el año actual como para los siguientes, la cantidad de inversión pública necesaria para acabar con la carencia de agua y saneamiento, vivienda y garantizar la seguridad alimentaria de la población. Asimismo, priorizar grandes obras públicas como Chinecas y Chavimochic. Por otro lado, identificar la cantidad de postas médicas y escuelas que se requieren en el país. En síntesis, tener una herramienta de desarrollo en el presupuesto.

Sin embargo, lo que prima es una lógica de disminuir los gastos y aumentar el superávit fiscal, olvidándose la importancia de invertir en un país que grita por infraestructura y servicios para los más pobres. Ello provoca la disputa entre los sectores que pugnan en función de sus propios intereses por un chorreo mínimo del presupuesto público.

La gran pregunta sigue siendo para qué sirve el presupuesto y quién lo debe hacer. La gran transformación fiscal aún no despega.