Las grabaciones clandestinas y las interceptaciones telefónicas se están convirtiendo en moneda corriente en la política peruana. Poco importa que estas sean prácticas a todas luces ilegales. Los medios de comunicación suelen recrearse en ellas y armar escándalos que poco tienen que ver con brindar información a la ciudadanía y sí más bien con golpear a determinado objetivo político.

Este gobierno ha resultado caserito de estas prácticas. Es muy difícil saber exactamente quién las hace, si se ordenan desde Palacio, si son los servicios de inteligencia por su cuenta, por último si es algún servicio privado, recordamos el caso de Business Track y los petroaudios. Pero, definitivamente tiene que ser alguien muy cercano al poder político, por la sofisticación técnica y logística de la operación y los objetivos que escoge. El que sea cercano al poder no significa que sea el centro del poder mismo. Puede ser que se trate de alguien, organización o persona, que quiera conducir las decisiones de las más altas esferas en un determinado sentido.

En cualquier caso, las escuchas ilegales y su posterior difusión, muestran un método de hacer política contrario a la transparencia propia de la democracia. Son los usos, más bien, de los poderes fácticos, ajenos al escrutinio de las instituciones, los que quieren ejercer su influencia desde las sombras para obtener determinados resultados.

En el caso de las últimas escuchas se difunde además el propósito del gobierno de Ollanta Humala de dejar impunes las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la operación de rescate de los rehenes en la Embajada del Japón. Se continúa con la peregrina tesis de que aceptar la existencia de las mismas es manchar la operación, cuando lo que se investigaba era la presencia o no de un comando paralelo, los denominados “gallinazos” que habrían llevado a cabo estas ejecuciones. Este es un propósito claramente contrario a una política de derechos humanos que busque la verdad y la reconciliación entre los peruanos.

¿Quién podría haber ordenado esta grabación? El propio Humala, difícilmente, porque lo que parece es que los enviados del Ejecutivo seguían instrucciones suyas. ¿Algún organismo defensor de los derechos humanos? Tampoco porque no suelen caer en esas prácticas malsanas. Quizás alguien o algunos interesados en volver a levantar el tema Chavín de Huántar para debilitar al gobierno en el asunto y convertirlo en un rehén aun más sometido a políticas anti terroristas que quieren ver al enemigo en todas partes.

Es muy preocupante que con tanta facilidad sucedan estas escuchas de conversaciones de altos funcionarios del gobierno. Lo que revela, por lo menos, es una gran ineptitud. Sin embargo, también la existencia de grupos, públicos o privados, sueltos, que realizan labores de espionaje que no responden al control de una autoridad legalmente establecida. Esto afecta, en primer lugar, a quienes gobiernan, pero también a la propia democracia que se ve constantemente chantajeada por grabaciones e intercepciones. Este desafío desde las sombras es inaceptable para el Estado de Derecho y debería ser drásticamente rechazado por las autoridades elegidas. Si estas no responden con la energía necesaria se convierten en cómplices de las escuchas ilegales.