El 13 de agosto de este año, el Presidente de la República, Ollanta Humala junto al Premier Juan Jiménez, presentó el Proyecto de Ley No 1400/2012-PE.

Este proyecto –que ya fue aprobado- evidencia un intento privatista más del Ministerio de Economía y Finanzas que hace años busca privatizar las universidades públicas pues mantienen la idea de que se encuentran pagando un “subsidio”. Nada más alejado de la realidad. Invertir y defender la educación pública es, en realidad, abogar por un derecho. En esta nueva propuesta se presenta un polémico artículo titulado “Modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en universidades públicas”, en el cual se autoriza el uso de los recursos directamente recaudados para financiar el ascenso del personal docente de estos centros de estudios. Se indica además, que estos aumentos deberán ser programados en la misma fuente de financiamiento en los años fiscales subsiguientes.

Esta propuesta constituye un gravísimo atentado contra las universidades públicas que deberán pagar los ascensos de sus profesores con ingresos propios, lo cual implica el cobro de sus servicios al alumnado debido a que los recursos de las mismas no resultan suficientes y son distribuidos en la implementación de gabinetes, actualización de laboratorios y bibliotecas, infraestructura, etc. Es imposible sostener esta responsabilidad de la cual quiere deshacerse irresponsablemente el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero además, se atenta contra la gratuidad de la enseñanza universitaria lo cual perjudicaría a miles de alumnos. Recordemos que según el Censo Nacional Universitario (2010) elaborado por el INEI hay 782.970 alumnos en pregrado y 56.358 en postgrado.

Diversas organizaciones y sindicatos, entre ellos la Federación Nacional de Docentes Universitarios han señalado que este proyecto es inconstitucional y que las remuneraciones de los docentes son de responsabilidad del Estado, canalizadas luego por el MEF; lesiva pues los recursos, como hemos mencionado, son mínimos y ya se encuentran destinados a áreas que contribuyen con la calidad de educación brindada al alumnado. Pero además, señalan que es inaplicable pues los Recursos Directamente Recaudados forman parte del presupuesto institucional de las universidades y el MEF sólo está buscando evadir su responsabilidad con esta norma y justificar su inacción frente a la promoción docente en las universidades.

Lo que estamos presenciando es un nuevo intento privatista en las universidades públicas y un atentado contra la gratuidad de la enseñanza, con lo cual se benefician las universidades privadas que, en muchos casos, presentan una bajísima calidad de la enseñanza y funcionan sin respaldo técnico. Pero además, se desprecia nuevamente la actividad docente toda vez que reconocemos que un aumento en el sector es justo pues los sueldos en el magisterio son una burla.

Si a este anuncio preocupante añadimos el hecho de que en el recién presentado Presupuesto Público para el año 2013, un sector clave como Educación no alcanza un aumento de recursos considerable, notamos que las verdaderas prioridades siguen a la cola de la mentalidad distributiva del MEF. El aumento en Educación fue de apenas el 9 por ciento, lo cual se encuentra bastante lejos de la meta del Acuerdo Nacional. 

La pregunta es, ¿queremos que el personal docente siga descendiendo en su nivel y calidad y que por ello no tengamos los cuadros profesionales que merecemos en nuestro país? Iniciativas como la que aquí comentamos no hacen sino fomentar esta disminución en la calidad docente y constituyen un obstáculo para todos los peruanos en tanto Educación es un sector clave que repercute en todos nosotros.