Perú, luego de su independencia, se constituye como estado, una república democrática, cuyos pilares de su régimen político gubernamental eran la separación de poderes y el presidencialismo. En nuestro bicentenario, ambos no existen realmente, pese a seguir vigentes legalmente, fueron destruidos desde el gobierno mismo. Ni las dictaduras tradicionales llegaron a tanto, como la parlamentocracia mafiosa que hoy gobierna. El régimen gubernamental vigente, realmente existente, el gobierno parlamentario, no tiene ningún sustento legal; ha sido deformado desde dentro, es inconstitucional.

La región vuelve a ser un laboratorio de oleadas progresistas y contraoleadas derechistas que se disputan nuestro futuro político.

Una hipótesis crucial para el futuro de la seguridad del Perú es que la invasión a Venezuela no será con Marines muriendo en las calles de Caracas. Sino con el reclutamiento de mercenarios y voluntarios migrantes, residentes en países vecinos, para fuerzas irregulares en diversas etapas de ese conflicto.

En el Perú solemos hablar de “los jóvenes” como si fueran un grupo uniforme, pero la realidad es mucho más compleja. El reciente estudio “Juventudes: asignatura pendiente”, elaborado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) en 14 países de América Latina, incluido el Perú, revela algo que debería incomodar a cualquiera que esté pensando gobernar el país en 2026: el futuro de un joven peruano sigue dependiendo, en gran medida, de dónde nació, de cuánto gana su familia y de la calidad —o precariedad— de las instituciones que lo rodean.

El proceso electoral será escenario de múltiples polarizaciones y confrontaciones; todos contra todos, adversarios contra adversarios, aliados contra aliados. Muchos, más que ganar, querrán extinguir, al contrario. No será una competencia sana, donde gana el mejor, se proyecta una de destrucción de rivales, donde gana el o la peor.

El proceso de reformas estructurales, apertura y desregulación de la economía peruana iniciado en la década de los noventa del siglo pasado por el corrupto régimen fujimorista no solamente promovió el remate de las empresas públicas en una cuestionada privatización, que el reconocido economista y premio Nobel de economía Joseph Stiglizt (2001) denominó proceso de “sobornización” después de haber sido vicepresidente del Banco Mundial y lo expone en su clásico libro “El Malestar de la Globalización” (2002).

El 18 de noviembre de 2025, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por concluido el escrutinio, la cifra resonó como un disparo de misil en los cuarteles y en las embajadas: entre 53 % y 61 % de los ecuatorianos rechazaron las cuatro preguntas del referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa. 

En el Perú, la política cambiaria se ha caracterizado por un régimen de “flotación sucia”, o managed float, en el cual el tipo de cambio no se deja totalmente al arbitrio del mercado, sino que es intervenido discrecionalmente por el Banco Central de Reserva (BCR). Este esquema híbrido ha sido uno de los pilares de la política monetaria del banco emisor desde los años 2000, apuntando a evitar volatilidades abruptas que afecten la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación.

«Para estar bien fundamentado y ser perseguido adecuadamente, el ideal libertario debe buscarse con una profunda devoción a la justicia»
(Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty, New York University Press, p. 258)

«Puedes hacer algo de comercio, pero ciertamente no deberías ir más allá de eso. Ciertamente no deberías hacer nada relacionado con lo militar con China. Y si eso está ocurriendo, me molestaría mucho»
(Trump a Milei, Durante una reunión en la Casa Blanca)

La llegada del gas natural a la Sierra Central y Sur del Perú es un anhelo bien conocido, desde hace más de 20 años, de las poblaciones de esas ciudades que hasta ahora no se ha materializado, pero que se puede hacer realidad en los próximos meses, lo que veremos en este artículo.