El gobierno en el Perú es un gran problema nacional, como problemas nacionales son la desigualdad, pobreza, corrupción, informalidad, crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal, inseguridad ciudadana, racismo, etc.; quizás, así es mejor manera para entenderlo, enfrentarlo y resolverlo.  Históricamente, según quien juzgue, hemos tenido gobiernos malos, mediocres y algunos buenos; democráticos, autoritarios y dictatoriales; frágiles, gelatinosos y fuertes; aristocráticos, oligárquicos y populistas; pero gobiernos al fin.

“La mayor parte de los criminales procuran cometer el crimen sin otros testigos que sus cómplices, cuando los tienen, y su conciencia…Nunca puede prescindir el criminal, por mucho que se afane, de estas cuatro cosas: del tiempo, del espacio, del medio de la acción y del cuerpo sobre el que ha de obrar. Son estos cuatro elementos indispensables en la ejecución de toda obra humana, como cuatro testigos incorruptibles, dispuestos a publicar y dar testimonio de nuestras malas o buenas acciones”. (Santiago López Moreno, “Prueba de Indicios”, Madrid 1897).

Haití, en la ya convulsionada escena mundial, volvió brevemente a los titulares sobre la situación internacional, pero como es ya una costumbre, la imagen presentada por los medios sobre este hermano país fue simplemente horrenda. Es un “país fallido”, “dominado por bandas criminales”, “es un país en caos al borde del colapso” y para añadirle un subliminal toque racista, Elon Musk salió a decir que en Haití “se practicaba el canibalismo”, refiriéndose a un video que se hizo viral en las redes sociales y que luego se demostró que era totalmente falso.

Los recientes acontecimientos producidos en las últimas semanas han puesto en el centro de la atención la cuestión de las relaciones entre países del continente sudamericano. Ponen en entredicho el sistema y el derecho internacional, dejando sin piso el multilateralismo caduco representado por la OEA.

En la segunda década del siglo XXI, es necesario hacer un corte sobre este tema, en lo que algunos llaman una tercera fase de la criminalidad trasnacional. El crimen organizado se ha fortalecido y expandido en el Perú, de una manera exponencial, legitimada por un Estado inerme en sus capacidades de prevenir y controlar, con entidades dentro del sistema de control penal, penetradas desde el poder que manejan las estructuras criminales.

El crimen en Perú, organizado y desorganizado, se ha institucionalizado y masificado, es estructural; la inseguridad ciudadana, pese a su crueldad, es sólo un síntoma de un padecimiento más grave. La política estatal, de las mafias que controlan las instituciones gubernamentales, trafican con el dolor nacional, protegiéndose de sus fechorías, aparentan “curar la inseguridad ciudadana” aduciendo que combaten el crimen.

La criminal campaña electoral que viene

El 2026, entre abril y octubre, renovaremos todas las autoridades electas de los 3 niveles de gobierno, es un año clave para nuestra sobrevivencia democrática nacional. Tendremos 7 elecciones nacionales: presidencia, senado, diputados, parlamento andino, en abril y; regionales departamentales, municipales provinciales y municipales distritales, en octubre. Padeceremos una inaudita confrontación, muy dispersa, confusa, violenta, de todos contra todos.

La cancha electoral de las 7 elecciones del 2026 está inclinada en favor de la reelección de las organizaciones criminales y sus líderes que nos gobiernan. Las normas políticas electorales de los últimos años van en su beneficio y contra sus adversarios, tienen extorsionada a la ONPE y su jefe que organizarán las elecciones, al RENIEC que elabora el padrón electoral y al árbitro de las elecciones (JNE). Han copado el sistema de justicia para salvar a sus procesados líderes, facilitar sus candidaturas y, perseguir y enjuiciar a sus opositores para evitarlos postular.

La censura del ministro del Interior, José Santiváñez, no fue un acto de responsabilidad política del Congreso, sino una victoria obtenida por la ciudadanía movilizada. Una vez más, la movilización ciudadana ha demostrado ser el único contrapeso efectivo ante un gobierno coludido con la corrupción y una clase política indiferente a las problemáticas de las mayorías.

Una de las medidas anunciadas por el gobierno de Dina Boluarte para luchar contra la criminalidad es la presentación de un proyecto de ley para aprobar el servicio militar y policial obligatorio. Según Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de ministros, ese fue uno de los acuerdos adoptados hoy en sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).