criminalidad

La reciente promulgación de la Ley 32326 por parte del Congreso y el Ejecutivo marca un giro preocupante en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el Perú. Al modificar el Decreto Legislativo 1373, esta norma debilita gravemente la herramienta más eficaz que tenía el Estado para recuperar bienes obtenidos ilícitamente: la extinción de dominio.

Perú, luego de su independencia, se constituye como estado, una república democrática, cuyos pilares de su régimen político gubernamental eran la separación de poderes y el presidencialismo. En nuestro bicentenario, ambos no existen realmente, pese a seguir vigentes legalmente, fueron destruidos desde el gobierno mismo. Ni las dictaduras tradicionales llegaron a tanto, como la parlamentocracia mafiosa que hoy gobierna. El régimen gubernamental vigente, realmente existente, el gobierno parlamentario, no tiene ningún sustento legal; ha sido deformado desde dentro, es inconstitucional.