La reciente promulgación de la Ley 32326 por parte del Congreso y el Ejecutivo marca un giro preocupante en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el Perú. Al modificar el Decreto Legislativo 1373, esta norma debilita gravemente la herramienta más eficaz que tenía el Estado para recuperar bienes obtenidos ilícitamente: la extinción de dominio.