Desde las culturas pre-incas Perú ha sido siempre país minero y sabido es de la reputación internacional que se había ganado el Tahuantinsuyo por ser el reino del oro, hasta tal punto que fue la expectativa de volverse ricos y no otra cosa lo que en mayo de 1527 animó a los así llamados “Trece caballeros de la isla del Gallo”, a optar por acompañar la expedición de Francisco Pizarro de conquista del Imperio Inca, tras dos años y medio de viajes hacia el sur soportando todo tipo de penurias que hizo que la mayoría de sus huestes desertaran.
El 18 de junio la Nación Wampis se pronunció frente a la inacción del estado ante la tala y comercio ilegal de madera existente, que, a pesar de varias reuniones con las autoridades competentes, estas actividades ilegales han persistido, a lo que habría que sumar la minería ilegal.
La Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en Madre de Dios, debería ser un espacio de conservación de flora y fauna protegida, sin embargo, dentro de ella alberga un territorio cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de tala y minería ilegal, además de explotación sexual, narcotráfico y trata de personas.
En el 2006 un documento de la Comunidad Andina analizó el comercio exterior no registrado de sus cuatro países miembros con el objetivo de establecer lineamientos de política que lo lleven a la categoría de “comercio registrado”. Los ítems analizados para casi todos los países: fueron contrabando, cultivos ilícitos, comercio de zonas francas, bienes para uso militar, entre otros. Había problemas para su registro(1).
En la segunda década del siglo XXI, es necesario hacer un corte sobre este tema, en lo que algunos llaman una tercera fase de la criminalidad trasnacional. El crimen organizado se ha fortalecido y expandido en el Perú, de una manera exponencial, legitimada por un Estado inerme en sus capacidades de prevenir y controlar, con entidades dentro del sistema de control penal, penetradas desde el poder que manejan las estructuras criminales.
Lo que vive (muere es mejor término) Pataz es claro ejemplo de nuestra miseria nacional: sin gobierno ni autoridades, a pesar de la presencia de muchas en la zona; a merced de la explotación formal e informal de su riqueza aurífera, oprimida por el crimen instalado en la zona, nos muestra una histórica ciudad postrada en la pobreza mientras se roban o dilapidan su riqueza y la riqueza nacional.
La marcha hacia Lima encabezada por el alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Mariño, ha tenido un desenlace predecible. Inició la marcha con Dina Boluarte como presidenta, y concluyó cuando ya había un presidente: José Jerí. Nada había presagiar ese cambio, pero se hizo, no por acción de la protesta de los mineros en Pataz, sino porque las bancadas congresales ya consideraban incómoda la permanencia la señora Boluarte.
