Tala ilegal

El pasado 24 de noviembre se realizó la mayor incautación de madera de origen ilegal, en la Amazonía peruana. Agentes de la Sunat, en trabajo conjunto con fiscales y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), realizaron el decomiso de 1.312 metros cúbicos de madera, que equivale a lo transportado por 60 camiones de carga pesada en la bahía de Iquitos, en la región Loreto, como parte del Plan Amazonas. El cargamento estaba valorizado en S/. 1.6 millones e iba a ser comercializada en México y EE.UU.

El Diario El Peruano en su edición  del 22 de enero de 2018 publicó  una Ley(1) que el Congreso promulgó con el número 30723, en la que se declara “de prioridad e interés nacional” la construcción de carreteras en zonas de frontera en la región amazónica de Ucayali, en la selva central y sur del país.

Mientras en Perú los grandes acaparadores de tierras asociados a la mafia de la tala ilegal y de la exportación maderera “legal” siguen deforestando la selva peruana, a un ritmo de 150 mil hectáreas por año, el gobierno acaba de anunciar un “Plan de Reforestación” guiado por la falsa premisa de que “el 90% de la tala y la quema de los bosques amazónicos de Perú se produce a manos de campesinos que viven en la pobreza y emigran desde las tierras altas y practican la agricultura de subsistencia”[1]

El 18 de junio la Nación Wampis se pronunció frente a la inacción del estado ante la tala y comercio ilegal de madera existente, que, a pesar de varias reuniones con las autoridades competentes, estas actividades ilegales han persistido, a lo que habría que sumar la minería ilegal.