Delincuencia

El crimen organizado va ganando la batalla, penetrando las instituciones del Estado con su poder corruptor y golpeando a la población con sus manifestaciones de violencia con asesinatos, ajustes de cuenta, extorsiones y asaltos con arma en ristre a cualquier hora del día.
 

La corrupción es uno de los factores que originan la delincuencia y la ola de violencia e inseguridad en el país, sostienen Walter Albán, director ejecutivo de Proética y José Ugáz, Presidente de Transparencia Internacional, quienes advierten que hasta el momento los candidatos presidenciales no han expuesto planteamientos concretos para enfrentar a la corrupción.

El  ministro del Interior Carlos Basombrío aseguró que esta semana tendrá los primeros resultados de las investigaciones sobre presuntos escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional del Perú para ejecutar a probables delincuentes.

La existencia de una organización de esta naturaleza es muy grave y de confirmarse podría tener implicancias penales no sólo en los altos mandos policiales, sino también en algunos ministros y hasta en el expresidente Ollanta Humala.

En medio de la atención mediática que ha significado el caso Odebrecht y la implicación del expresidente Alejandro Toledo, hay temas que pasan de forma inmediata a un segundo plano. Uno de esos temas es el de la seguridad ciudadana y la situación en la cual los ciudadanos se sienten desprotegidos por las instancias que deberían prestarle cuidado frente a la delincuencia común y la organizada. 

Carlos Basombrío Iglesias, ministro del interior, es uno de los sobrevivientes a la crisis total del anterior gabinete. Especialista en el tema de seguridad ciudadana, es uno de los pocos técnicos políticos que tiene actualmente el gobierno. Ha tratado de liderar con sus altas y muchas bajas el plan de gobierno presentado por Kuczynsky en materia de seguridad ciudadana con énfasis en la prevención del delito tomando un enfoque integral: cultural y social. 

A propósito de la prisión preventiva dictada contra un policía, revisamos lo que dice la norma que respalda el trabajo de los agentes del orden y el uso de sus armas de reglamento en la lucha contra la delincuencia y lo comparamos frente a otros casos donde los policías son víctimas de quienes cometen el delito.

En Perú, las principales instituciones del estado están minadas, hay explosivos sembrados en todo lado, las autoridades y ciudadanos andamos tanteando y rogando que al mínimo paso, ninguna mina explote y barra con inocentes y culpables. Es otro drama actual, una siembra masiva de explosivos sin mapas de rastreo, que por buenas o por malas autoridades, detonen afectando a culpables e inocentes por igual.

La violencia e inseguridad que desde hace más de un lustro impera en Ecuador, fomentada por una sucesión de gobiernos de derecha, alcanzó hoy un nuevo hito, luego de que 2023 cerró con cerca de 8 mil muertes violentas, la tasa más alta en el número de asesinatos en la historia del país, y casi el doble respecto a las más de 4 mil producidas un año antes.

El crimen en Perú, organizado y desorganizado, se ha institucionalizado y masificado, es estructural; la inseguridad ciudadana, pese a su crueldad, es sólo un síntoma de un padecimiento más grave. La política estatal, de las mafias que controlan las instituciones gubernamentales, trafican con el dolor nacional, protegiéndose de sus fechorías, aparentan “curar la inseguridad ciudadana” aduciendo que combaten el crimen.

En nuestro país, la frase “no tengo acceso al banco” no es solo una queja: es una condena. Para cientos de miles de peruanos, conseguir un préstamo formal es inalcanzable. Y en ese vacío, en ese desamparo financiero donde el sistema no llega, florecen los “gota a gota”, una red paralela de crédito que opera como un cáncer, silencioso, pero mortal. No es exageración: la plata de estos préstamos se paga con miedo, con violencia y, muchas veces, con sangre.