De los 112 Decretos Legislativos promulgados recientemente por el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para reactivar la economía, los Decretos Legislativos 1292 y 1333 han sido unánime y enérgicamente rechazados por todas las organizaciones indígenas andino-amazónicas y las instituciones ambientalistas y de derechos humanos porque representan una de las mayores amenazas a los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas y originarias de nuestro país.

La increíble victoria del ultraconservador empresario inmobiliario Donald Trump en las elecciones de los EUA (ganó con votos del Colegio Electoral, pero perdió la elección popular; rareza que la Constitución permite si gana delegados en más estados), ha tomado al mundo por sorpresa. Es la primera vez en la historia política de ese país desde que se aprobara la Constitución de 1786 (en sus 10 primeros años fue una confederación de 13 estados) que gana la presidencia un candidato demagógico sin experiencia política previa.

Todos los años la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo), con sede en Ginebra, publica su Informe sobre el Comercio y el Desarrollo (TDR, en inglés. En su informe del 2016 (1), el TDR nos dice que la economía global permanece estancada, pues aún no se ha recuperado de la crisis del 2008 y que los niveles de “financialización” (predominancia de los mercados financieros) permanecen altos.

La dirigencia de la CGTP convocó a una marcha contra la corrupción y contra la impunidad. Yo me adherí a esa marcha como muchos y lo ocurrido me anima a decir lo siguiente:

En el mundo y en el Perú existe la pequeña corrupción y la gran corrupción. Hoy los peruanos presenciamos una vez más cómo muerde la gran corrupción en donde más le duele a un país; en el recorte de las oportunidades para los peruanos, en los colegios que no se construyen, en los hospitales que no se ejecutan, en el desarrollo agrario que no se logra, en la logística policial que no tenemos, etc.

Es posible que 2017 sea recordado en la historia como el año de la Gran Muralla. ¿Por qué? Porque Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, está decidido a edificar una monumental barrera de protección en la frontera con México para impedir, según él, la “invasión” de los inmigrantes ilegales venidos del “peligroso Sur”.

Todos estamos indignados con la corrupción. Esta compromete a los tres últimos gobiernos y si a estos se suma la ocurrida durante el gobierno de Fujimori incluye a todos los regímenes neoliberales de los últimos 25 años. Su principal medio han sido las asociaciones público privadas (APP) con el objetivo de lograr la asignación de la infraestructura y servicios públicos, permitir sobrecostos y acotar beneficios a los usuarios.

¿Llegó a tiempo el decreto de urgencia para empresas acusadas de corrupción?
El caso “LavaJato”, y su estela de corrupción ha generado un cambio drástico de reacciones en el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Desde el “no todo lo  que hizo Odebrecht fue corrupto”, pasando por el “volteemos la página”, hasta el mensaje del último domingo donde anunció medidas “estrictas” para evitar que las empresas implicadas en el proceso puedan escapar de la justicia y garantizar que el Estado peruano no sufra pérdidas económicas ante la salida o venta de sus activos. 

El 24 y 25 de enero de 2017 se realizó en Buenos Aires la última Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, en la que se reafirmó el compromiso de nuestros países con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en particular con el Marco de Acción Educación 2030 (E2030) para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.

En medio de la atención mediática que ha significado el caso Odebrecht y la implicación del expresidente Alejandro Toledo, hay temas que pasan de forma inmediata a un segundo plano. Uno de esos temas es el de la seguridad ciudadana y la situación en la cual los ciudadanos se sienten desprotegidos por las instancias que deberían prestarle cuidado frente a la delincuencia común y la organizada. 

La frase de Arguedas en su obra póstuma (1), podría encerrar más allá de lo literario, considerando su camino suicida, la descripción del país en que vivía y en el que vivimos.