El ataque a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa hace un año no fue cualquier crimen que se debe esclarecer, sino un acto de represión política que se debe castigar al más alto nivel. No tiene ningún sentido seguir rogando justicia a las mismas instituciones del narcogobierno mexicano responsables por la desaparición y el asesinato de los jóvenes activistas.
