Estado

La ingeniería logística real de una narco-dictadura militarizada que operaba bajo el amparo de la geopolítica de Washington

La idea de que el mercado libre surge ‘naturalmente’ (y su corolario que cualquier intervención estatal sobre las relaciones de mercado es ‘artificial’) es falsa y peligrosa. La realidad es que el mercado es una criatura del poder del estado. Los arquitectos de la nueva generación de acuerdos comerciales lo saben bien.

Ahora que está de moda decir tonterías sobre el delicado tema del aborto cuando se ha producido una violación, quizás sea bueno empezar por un tema que puede ser tan delicado como el anterior: el aborto institucional de esta democracia en el que se encuentra sumido el Perú.

En los últimos días ha corrido el rumor de golpe de Estado en los corrillos políticos –a propósito de una orden de inamovilidad dada por el nuevo Comandante General del Ejército- y ello ha motivado, una vez más, encendidas declaraciones en defensa de la democracia. Sin embargo, al no aparecer en el horizonte las mínimas condiciones para un suceso de esta envergadura, parece tratarse de una cortina de humo que permita, a nuestros alicaídos partidos de la derecha neoliberal, vestirse de defensores de la democracia.

El ataque a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa hace un año no fue cualquier crimen que se debe esclarecer, sino un acto de represión política que se debe castigar al más alto nivel. No tiene ningún sentido seguir rogando justicia a las mismas instituciones del narcogobierno mexicano responsables por la desaparición y el asesinato de los jóvenes activistas.

El fin del boom exportador es también el agotamiento del piloto automático que dejaba de lado al Estado y a la política. La desaceleración económica y la recesión que se anuncia requieren el retorno de un Estado más activo y la revaloración de la política como un espacio en el que se resuelven los problemas y los sueños de la gente.

Uno de los temas más importantes de discusión política en el siglo XX fue el tamaño del Estado. A comienzos de ese siglo “los sectores estatales consumían  en la mayoría de los  países occidentales y en Estados Unidos poco más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB), en los años ochenta absorbían casi el 50 % (y el 70%  en el caso de Suecia socialdemócrata)” (Fukuyama,  2004 : 18 ).

Los especialistas consideran necesaria la renegociación del Gas de Camisea debido a las negativas condiciones en las que se desarrolló el contrato, principalmente del lote 56. El exministro de Energía Carlos Herrera Descalzi sostiene que la cláusula 8 de ese contrato, firmado en el 2004 por el gobierno de Alejandro Toledo, establece una fórmula perjudicial para el Perú.
 

Todos estamos de acuerdo en que no debe existir la figura de ser juez y parte a la vez. Sin embargo, la propia institucionalidad del Estado acepta que debe ser así, al ser que una misma dependencia estatal sea la autoridad que regula la actividad económica y; también es la que lo realiza.

El fujimorismo perdió las elecciones, pero a su manera está copando las instituciones del Estado ante la pasividad y debilidad del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No se trata de un cogobierno, sino más bien del desplazamiento de una fuerza política con mayoría en el Congreso a otra fuerza que se siente débil y que empieza a ceder a las presiones.