La mafia gubernamental, instalada en el congreso y ejecutivo, viene implementando una agresiva arremetida para controlar o anular a la Fiscalía de la Nación (FN). No toleran la independencia del organismo constitucional encargado de fiscalizar la ley y ser titular de la acción penal. La mafia gubernamental no puede detener las investigaciones y acusaciones fiscales a la presidenta, ministros, congresistas, funcionarios públicos y, líderes políticos de los partidos que dirigen el congreso y gobierno.