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La correlación mafiosa que maneja el congreso de la república viene desarrollando un plan de demolición de la -débil y precaria- democracia. Si bien el 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo intentó ejecutar un golpe de Estado, el hecho concreto es que los que sostienen a Boluarte en el poder son los que finalmente casi la han destruido por completo.

Estas notas fueron escritas, como se decía antes, al correr de la máquina. La primera fue una respuesta a un pedido para apoyar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Perú. Las otras dos las publiqué en mi muro como reacción al impúdico avance de la mafia y la ultraderecha en nuestro país.

La justicia en el Perú está criminalizada, copada por organizaciones criminales. La justicia no es justicia en manos del crimen, es injusticia institucionalizada, disfrazada y administrada en la formalidad del estado de derecho.

La mafia gubernamental, instalada en el congreso y ejecutivo, viene implementando una agresiva arremetida para controlar o anular a la Fiscalía de la Nación (FN). No toleran la independencia del organismo constitucional encargado de fiscalizar la ley y ser titular de la acción penal. La mafia gubernamental no puede detener las investigaciones y acusaciones fiscales a la presidenta, ministros, congresistas, funcionarios públicos y, líderes políticos de los partidos que dirigen el congreso y gobierno.