Justicia

El hecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya admitido algunas demandas contra el Estado Peruano ha desatado una ola de cuestionamientos, en su mayoría pretendiendo hacer creer que la corte es un organismo que protege a los terroristas y que se somete a las ONGS que defienden los derechos humanos.
 

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la matanza de Accomarca esperaron 31 años para que se sentencie a los responsables de la masacre de 69 personas. Después de una larga batalla en los tribunales el 1 de setiembre se dio lectura al fallo, pero queda la sensación que la justicia fue blanda con los responsables.

Fallos  como el de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que preside Javier Villa Stein  que deja impune el delito de trata de personas en un caso que afecta a una menor de edad, refuerzan la posición de la ministra de Justica Marisol Pérez Tello (y de muchos juristas) de emprender cuanto antes  una reforma del sistema de justicia.

Los familiares y las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura de Alberto Fujimori no solo deben resistir el paso de los años y la ausencia de la justicia, sino que también deben soportar que el Estado que los violentó no reconozca las reparaciones a las que tienen derecho y que incluso los “ninguneen” como si no existieran para el país.

La vocación fundamental del ser humano -amar y ser amado-, está relegada al final de la lista de prioridades en la  sociedad chilena. Nos hace falta más amor, más ternura, más afecto, más misericordia. La anemia afectiva se manifiesta como una “globalización de la indiferencia” - como dice Francisco-, y en un individualismo y egoísmo irritantes.

Y eso es lo que está pasando desde hace varios años con los sucesivos gobiernos, que no solo les tiembla la mano, sino hacen lo indecible para re-interpretar la ley y cuando no resulta entonces apelan a la conciencia, tal como lo hizo la ministra Sasieta, de quienes se supone tienen obligación y, sobre todo, dependen asuntos tan vitales como la salud, la vida, la educación, la seguridad entre otros temas fundamentales.

Después de 37 años de la matanza de Accomarca, rememorando con detalle lo ocurrido, volvemos a asombrarnos y nos preguntamos ¿Cómo pudo ocurrir una barbarie como esta? Todo un pueblo atacado sin clemencia, trasladando consciente y planificadamente a las personas a casas de algunos comuneros donde supuestamente se produciría una asamblea, separando hombres de mujeres y niños a pocos metros de los lugares de reunión, mujeres principalmente jóvenes fueron violadas en presencia de sus padres, hermanos o hijos menores.

La sentencia del caso Cayara llega  después de 35 años de espera y sobre todo lucha, los familiares, al ser entrevistados por los medios se preguntan “¿La justicia que tarda es justicia?” si bien su respuesta no es negación categórica por lo menos expresan un agotamiento emocional, inconformidad por la relatividad de los resultados, las  oportunidades perdidas en el tiempo y la incertidumbre respecto de lo que viene,  pero los sentimientos son encontrados, también hay alegría,  sentirse parte del logro, reconocimiento del valioso acompañamiento recibido.   

El 28 de agosto del 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) hizo entrega al Estado peruano, su informe final, que constaba de nueve volúmenes: 2500 páginas que reflejaban el trabajo realizado durante dos años con un análisis sobre la violencia vivida en el país durante los años 1980 al 2000. 

Han pasado 31 años desde el asesinato de Pedro Huilca Tecse, Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, un trágico evento que marcó un capítulo oscuro en la historia de Perú.