Masacre

1).- Algunos medios, en pequeñas notas reseñadas en las páginas interiores, dan cuenta del reclamo de Gerardo Fernández -alcalde del centro poblado de Putis, en la provincia ayacuchana de Huanta- pidiendo al Ministerio de Defensa (Mindef) “que revele de una vez los nombres de los militares que estuvieron involucrados en la matanza de 123 pobladores en Putis en diciembre de 1984” (LR. 20.11).

Muchos años después de que el político francés Talleyrand advirtiera a Napoleón que “las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse en ellas”, el precario gobierno del Perú hace todo lo contrario y se aferra al poder a balazos y gases lacrimógenos. Y ha acumulado una cuenta por pagar de 60 muertos, lo cual aísla internacionalmente al régimen, arrinconado ya en su frente interno.

La sentencia del caso Cayara llega  después de 35 años de espera y sobre todo lucha, los familiares, al ser entrevistados por los medios se preguntan “¿La justicia que tarda es justicia?” si bien su respuesta no es negación categórica por lo menos expresan un agotamiento emocional, inconformidad por la relatividad de los resultados, las  oportunidades perdidas en el tiempo y la incertidumbre respecto de lo que viene,  pero los sentimientos son encontrados, también hay alegría,  sentirse parte del logro, reconocimiento del valioso acompañamiento recibido.   

Treinta y nueve años, cinco meses, y tres días después, del más grave y bárbaro episodio ocurrido durante el conflicto armado interno, un tribunal peruano dictó sentencia luego de una audiencia que se inició el 7 de diciembre de 2020, y se prolongó hasta el 16 de mayo pasado.  

Tuvimos noticias de esa masacre a fines de noviembre de 2001, casi siete meses después de ocurrida, a través de un reportaje de Edmundo Cruz publicado en “La República”.

En un escenario en el que el gobierno de Donald Trump tiene una grosera y descarada actitud injerencista en nuestra región, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, miembro del Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro, ordenó un operativo conjunto de la Policía Civil y Militar, con 2.500 agentes en dos favelas de la ciudad de Rio de Janeiro, para capturar a integrantes del Comando Vermelho, una de las principales bandas narcotraficantes del país que derivó en una masacre, la más letal de la historia reciente brasileña. 

El documental Uyariy (Escuchar, en quechua), sobre las masacres de 2022 y 2023 en Perú cometidas por las fuerzas del orden en la represión de protestas antigubernamentales, se estrenó el 8 de enero en solo cuatro salas de cine comercial del país en horarios inaccesibles, como las 14.00 de la tarde, en solo dos de las cuatro ciudades acordadas con los multicines, y sin publicidad. La indignación del equipo de producción, los