A raíz del propósito del Ejecutivo para reactivar la economía a través del destrabe de los proyectos, se ha dado muerte al sistema nacional de inversión pública y se ha manifestado la necesidad de planificar la infraestructura pública. Asimismo, la Comisión Presidencial de Integridad señala en uno de sus ejes – la de evitar la corrupción en las obras públicas y de infraestructura y fortalecer la autonomía de los organismos reguladores – desarrollar y aprobar un Plan Nacional de Infraestructura.

Esta frase que se atribuye al ex presidente Alan García podría convertirse en el epitafio de la república criolla. 

A 15 años del fin de la dictadura de Fujimori y Montesinos, otro caso de alta corrupción de magnitudes todavía imprecisas, azota el Perú. Aunque debemos señalar que estos hechos corruptos no tardaron mucho en cometerse después del fujimorismo, ya que el propio presidente de los 4 suyos (Alejandro Toledo) y sus sucesores, García y Humala, cedieron a la tentación, según el titular de Odebrecht.

Comunicore, el más visible caso de corrupción cometido durante la gestión del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, ha llegado –aparentemente- a su fin, tras la prescripción de los delitos de colusión desleal, malversación agravada y falsificación de documentos, librando así a todos los ex gerentes de la gestión solidaria implicados en él. 

A grandes rasgos el caso se resume de la siguiente forma:

El 23 de enero se declaró la caducidad de la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) del consorcio formado por Odebrecht (55%), Enagas de España (25%) y Graña y Montero (20%). El motivo formal: el consorcio no consiguió los US$ 4,000 millones para la inversión necesaria en la fecha establecida en el contrato.

 

Durante la campaña electoral, el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski, pregonó como uno de sus mensajes de campaña -destinados a calmar a los inversionistas- que diversos proyectos de asociación público-privada (APP) serían destrabados, para agilizar los trámites y promover su pronta ejecución. 

La áspera “guerra verbal” y el hostil enfrentamiento político entre el presidente estadounidense Donald Trump y el gobierno mexicano que preside Enrique Peña Nieto no sólo está y estará focalizado en el muro para cercar a México en su propia territorio, a la revisión o modificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a la feroz persecución y cacería de los millones de indocumentados mexicanos decretada ya por el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Mal haríamos en considerar el escándalo que conmociona al país en las últimas semanas por el reparto masivo de coimas realizado por la empresa brasileña Odebrecht, a un vasto número de políticos y funcionarios públicos de los últimos cuatro (Fujimori, Toledo, García y Humala) gobiernos, como un asunto puntual, coyuntural, específico, ligado a la maldad de algún representante local y a la ligereza de algunos individuos.

Hoy jueves 26 de enero del 2017, se cumplen dos años de la famosa derogación de la denominada “Ley Pulpín”.  La ley N° 30288, nombre oficial, fue derogada principalmente por las constantes movilizaciones de miles de jóvenes que tomaron las calles, a nivel nacional, como medio de protesta. Fue una ley que creaba un nuevo régimen laboral, específicamente para los jóvenes de 18 a 24 años de edad, donde no tendrían CTS, ni seguro por riesgo, ni gratificaciones y vacaciones mutiladas. 

Hay momentos en la historia política republicana donde el problema de la corrupción irrumpe como un huayco y arrasa con la clase política peruana. Estamos frente a uno de estos raros momentos debido a que por primera vez la fuente de la corrupción, las empresas constructoras brasileñas, han sido investigadas en su país de origen, los empresarios han sido encarcelados y están hablando.