Estado contra Estado: más allá del terruqueo, caviareo y «DeBeAreo»
Rudecindo Vega Carreazo
La crisis peruana es rara, junto a la expresa cultura del odio, desprecio y menosprecio, existe un silenciado, pero no silencioso conflicto dentro del estado. Hay estamentos, instituciones y niveles de gobierno en abierto conflicto con el gobierno nacional, el estado peruano está rajado. Hay gobiernos regionales que han pedido la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones al 2023, otros piden además asamblea constituyente y, algunos, han propuesto desatinadamente la disolución del congreso, libertad y reposición de Pedro Castillo. Menos divulgado es, similar postura, de municipalidades provinciales y distritales. Difícil que el gobierno nacional pueda gobernar si es desconocido por autoridades departamentales, provinciales y distritales del país y, muy difícil, que éstas puedan gobernar peleadas y distantes del gobierno nacional.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha declarado que condena las muertes, solicita elecciones generales inmediatas como salida política a la crisis y exhorta a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y manifestarse pacíficamente. Este pronunciamiento del 10 de enero corresponde a las autoridades recién electas que acaban de asumir su mandato hasta el 2026. Su legitimidad electoral es más actual que la del gobierno y congreso totalmente deterioradas y desactualizadas; ellos son producto de la crisis política a diferencia de estos que son responsables de la misma. Muy difícil gobernar con un nivel gubernamental que pide elecciones inmediatas para cambiar al gobierno nacional; es el estado contra el estado.
Otra evidencia de pugnas dentro del Estado, es la rajadura de los dos gabinetes ministeriales, que se ha silenciado a velocidad para evitar mayor impacto dañino. En el malhadado gabinete Angulo, ante las primeras muertes por las protestas, renunciaron 3 ministros (Educación, Cultura e Interior) por desacuerdo con la posición militarista del gobierno. Luego en el empoderado y sangriento gabinete Otárola también ocurrieron otras 3 renuncias ministeriales (Trabajo, Mujer e Interior), nuevamente por discrepancia, con la política de militarización, muertes y violación de derechos humanos. Los propios ministros, cuestionaron la militarización del enfrentamiento de la protesta social antes que la solución política. Algunos ministros renunciantes, además de pedir el adelanto de elecciones, expresaron a la presidente evaluar su renuncia al cargo. Era un ejecutivo contra ejecutivo, ministros contra la presidente y su premier.
El caso del Ministerio del Interior es particular, en poco más de un mes, se ha nombrado 3 ministros, siendo el encargado del orden interno, superior de la PNP, encargado de liderar el estado de emergencia y el enfrentamiento a la protesta social con apoyo de la Fuerza Armada. Cabe recordar también, los 3 cambios de jefe de la DINI debido a la diferencia en la comprensión de la protesta. Existen razones suficientes para suponer que los ministros se negaron a liderar un enfrentamiento sangriento y sanguinario de la policía con los ciudadanos; si es cierto, estaríamos entre dos visiones policiales que colisionan en la forma de contener la protesta social. No diré, policía contra la policía, pero si precisaré que hay policía y policía.
Otra expresión genuina y distinta entre las instituciones estatales, viene del mundo universitario; la UNI, hace semanas, en medio de la crisis, propuso reforma política electoral, elecciones generales el 2023 y referéndum constituyente simultaneo a las elecciones 2023. Además de su destacable decisión institucional de albergar a delegaciones de estudiantes de otros departamentos que han llegado a Lima a protestar contra el gobierno, decisión que le ha significado apertura de investigación de la Contraloría. Es otra manifestación de estado contra estado en un mundo repleto de granjerías y prebendas.
Las investigaciones fiscales contra la presidente, el premier Otárola, el ex premier Angulo, los ministros del interior y el ministro de defensa por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves ocurridos en el marco de la protesta social (que ha ocasionado más de cincuenta asesinatos) es otra muestra que los organismos constitucionales tienen un visión y rol diferente e independiente del gobierno nacional, no es la oposición ni son los protestantes, quienes cuestionan el accionar del gobierno, es el Ministerio Público, un organismo constitucional autónomo, es otro espacio del estado contra el estado.
Los organismos constitucionales autónomos, JNE y ONPE, utilizados por el gobierno y congreso para justificar elecciones el 2024 y luego amenazados por el oficialismo congresal con descabezarlos antes de las elecciones, enmendaron su torpeza utilitaria declarando, en abierto conflicto con ejecutivo y congreso, que es posible y están preparados para organizar elecciones el 2023 con la sola decisión congresal. Esta postura, hoy, es contraria a lo deseado por el gobierno y congreso, es otra expresión de estado contra el estado.
El congreso mismo, protagonista estelar de la crisis, es un trompo, dando vueltas sobre sí mismo, sin encontrar salida; dejo de lado el pre dictamen de la Comisión de Constitución de realizar elecciones en abril del 2023 para aprobar la propuesta original del gobierno de abril del 2024, justo cuando la presidente había aceptado realizarlas el 2023. Hoy, existe gran duda en el propio congreso de que la segunda votación para el recorte del mandato y el adelanto de elecciones pueda ser realidad. También existen bancadas que habiendo votado por elecciones el 2024, ante la agudización de la crisis, estarían dispuestas a adelantarlas al 2023. Es un pleito congresal, de bancadas contra bancadas que, más allá de sus legítimas posturas, son incapaces de concertar en beneficio de los intereses nacionales.
Los conflictos entre instituciones y organismos del estado respecto de las elecciones el 2023, la asamblea constituyente, la renuncia de la presidente o, la política de enfrentamiento a la protesta social expresan lo mezquino e inicuo de la cultura del odio instalada en el terruqueo, caviareo, neoliberaleo, comunisteo, “DeBeAreo” etc. en la escena política nacional. No servirá para encontrar salidas inmediatas, mediatas y de largo plazo a nuestra crisis. No ver que la crisis la tenemos dentro y quedarnos solo en lo externo puede llevarnos a un estallido interno más crítico y dramático de lo que estamos viviendo.
El gobierno para justificar su real voluntad de no dialogar ha posesionado el discurso oficial de que no hay líderes o dirigentes con quien dialogar, no es cierto, algunos están en la estructura misma del estado que podrían ayudarlo a tender puentes, establecer canales que pudieran sacarlo, de la altanería, prepotencia y pedantería en la que pareciera sentirse cómodo a costa del Perú. No al estado contra el estado, al estado contra el país, dialogando podemos ser un mejor Perú.