De la eficiente funcionaria del registro civil que candidateó a la vicepresidencia o de la anodina ministra de desarrollo social —cargo que ejerció durante casi todo el gobierno de Pedro Castillo—, la personalidad de Dina Boluarte ha dado un tenebroso salto cualitativo. En seis meses de ejercicio del poder, ha endurecido notoriamente el gesto, casi hasta la impostación, y ha sacado a relucir un sorprendente aplomo para dedicarle a la prensa amenazas veladas. 

Por ejemplo, esta semana, cuando se le recordó su propia oferta de adelanto electoral, Boluarte dijo que este era un “tema cerrado”, tras advertir que la prensa ya debería saberlo. En entrelíneas es que la prensa no debe tocar temas que el gobierno ha decidido sacar de su agenda. Son cada vez más cortos los lapsos en los que la ocupante de la Presidencia se desentiende de sus ofrecimientos y cada vez más adusta la actitud, ya no sólo ante quienes ponen en duda la legitimidad de su presidencia o se manifiestan contra ella, sino también hacia quienes le recuerdan que las condiciones de crisis política de las que surgió su mandato no han sido superadas.

No es la primera vez que Boluarte alude el 2026 como horizonte de permanencia. Pero hoy lo hace con un Congreso que también siente que ha logrado zafarse de la demanda de nuevas elecciones y ha retomado de manera agresiva la captura de instituciones — ya negociaron la Defensoría, ahora van por la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones y su programa de reformas antidemocráticas como la reelección y la bicameralidad centralista, amén de iniciativas aberrantes como el proyecto de ley para que el Congreso denuncie la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

En este contexto, la negativa a admitir el adelanto de elecciones como parte de la discusión no debe leerse por separado del “¿cuántos muertos más quieren?” que Boluarte soltó con total desparpajo ante el anuncio de nuevas protestas en su contra. La sensación de impunidad desde la que habla está garantizada por el Congreso, que se ha dado maña para no cumplir el acuerdo de activar una comisión investigadora sobre la brutal represión y las violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones ocurridas desde diciembre de 2022. Como denunció el periodista Wilber Huacasi, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso no han acreditado aún representantes para este grupo de trabajo.  

Con ello, el Congreso se pliega a la estrategia oficialista de considerar que la denuncia de las muertes y las afectaciones en el marco de la protesta forma parte de “una narrativa falsa” promovida por oenegés internacionales y partidarios de Castillo. Nuestras autoridades comparten una versión de la realidad en la que el Perú ha sido pacificado, los muertos se mataron ellos mismos y el dengue se ha acabado en quince días gracias a una talentosa ministra de salud, a quien se le agradece por los servicios prestados.

Como vemos, Ejecutivo y Legislativo están plenamente sincronizados y de espaldas a una realidad en la que se acumulan el malestar y la desaprobación a sus gestiones a niveles nunca antes vistos. Es un momento político en el que confluye un gobierno autoritario y una dictadura parlamentaria. La entraña antidemocrática es tan definitiva que hasta Keiko Fujimori ha decidido entrar al diálogo sobre la conformación del gabinete. 

Sin embargo, su distancia con la realidad les impide observar a un país asqueado del cinismo y del gesto impuesto. Una ciudadanía que comparte el dolor y la indignación de las familias de las víctimas de la represión. Y que seguirá movilizándose a pesar de las amenazas, porque si hoy podemos contar a ex gobernantes procesados o sentenciados ha sido producto de la inacabable indignación popular.