El Perú es una democracia en riesgo, en proceso de intervención por el congreso, vive un lento y paulatino, soterrado y permanente, golpe de estado congresal destinado a preparar el terreno institucional que avale un fraude electoral el 2026 y consolide, bajo pretexto de defender la democracia, un sombrío gobierno dictatorial remedo del fujimorato. El equilibrio de poderes donde todos se fiscalizan entre sí, va desapareciendo, ante la voracidad expansiva del poder congresal; este congreso ya asalto, bajo la figura de la sucesión constitucional, el ejecutivo con la servil Dina Boluarte; ya copó el Tribunal Constitucional mediante una “renovación” congresal de sus miembros e intervino la Defensoría del Pueblo mediante un asqueroso pacto de “izquierdas y derechas”; esta semana concretó su intervención del Ministerio Público mediante una inconstitucional inhabilitación de una Fiscal Suprema. El golpe lento congresal hasta el 2026 busca instalar, luego del 2026, una democracia vacía.

La voracidad congresal tiene proyectos de intervención de la Junta Nacional de Justicia para controlar la designación, renovación y sanción de los magistrados del PJ, MP e indirectamente del JNE y de las jefaturas de la ONPE y RENIEC. Pronto tomarán estas instituciones y el golpe de estado, vía intervención congresal, habrá sido consumado. Su objetivo es claro, luego de poner y controlar a la presidente, van por todos los organismos del sistema de justicia (para liberarse de sus procesos, juicios y perseguir a sus rivales) y los organismos del sistema electoral para dirigir a su conveniencia las próximas elecciones con reglas favorables que el congreso irá aprobando. La “derecha nacional”, liderada por el fujimorismo, anticipadamente, limpia el camino de posibles inhabilitaciones judiciales para candidaturas y, prefiere evitar derrotas preparando elecciones a su antojo, que con fraude o sin fraude, le den su triunfo.

El congreso es pluralidad integrado por varias “representaciones políticas”; sin embargo, los últimos años, vemos que los congresistas se olvidan de sus organizaciones políticas, líderes, dirigentes y, de sus propios electores y representados, para interceder por sus intereses particulares, vender o prestar sus servicios al mejor postor. El actual congreso, sin distinguir tendencias ideológicas (nada importan), con políticos de derechas, izquierdas y centros, está repleto de “organizaciones criminales” inscritas como partidos que nos atiborran de ofertas electorales saturadas de prontuariados o mercaderes de la política; los mal llamados “niños” de AP son una versión mafiosa de pájaros fruteros en un congreso poblado de capos de diferentes canteras y negocios, incluidos los universitarios. Este congreso atestado de mafiosos y capos gobierna el Perú. Los mafiosos y capos que gobiernan el congreso han puesto a la presidente para gobernar el país, controlan el TC, DP y MP, es la criminalización de la política, la democracia y el gobierno; están en todo lado y, en todo lado, pactan para medrar, trincar y quedarse todo lo que puedan a expensas del país.

El TC, bastión de prestigiosos magistrados, ha devenido también en refugio de mercaderes de la administración de justicia dispuestos a pagar los favores de quienes los designaron, las últimas resoluciones del TC, muestran su peligrosidad para los intereses nacionales y la democracia: desde perdonar deudas tributarias contra los interese del país hasta desaparecer el equilibrio de poderes en favor del congreso. Sus decisiones perjudiciales van de la mano con las muy serias, seguras y delirantes declaraciones de su presidente, quien, esta semana, refiriéndose a la disolución congresal por el presidente ha declarado que “para que haya la disolución del congreso, es el [quien] que debe tener la voluntad de ser disuelto”, es decir, la disolución congresal solo es posible si el mismo congreso tiene voluntad de auto disolverse; esa barbaridad es parte de su sorprendente campaña para que la presidente y congreso “cumplan su mandato hasta el 2026”. Este TC es hijo del pacto de “izquierdas y derechas” congresales denominados fujicerronismo, es el engendro de 2 mayoritarias o más organizaciones criminales que integran el congreso.

Esta semana se consumó la intervención congresal del MP mediante la inconstitucional inhabilitación de la Fiscal Suprema Zoraida Avalos (de cuestionable actuar funcional), producto del sometimiento de la actual Fiscal de la Nación (muy cuestionada también) a la mayoría congresal. El congreso interviene en una lucha interna por el control de la Fiscalía optando por la más controlable y servil de las partes; increíble enterarse que asesores de la Fiscal de la Nación hayan negociado, para sancionar a Avalos, votos de congresistas a cambio de archivarles denuncias. Esta sanción, además, es el anuncio o amenaza a fiscales o jueces que el congreso puede ir o, está, detrás de ellos. Es otra muestra de la degradación de la categoría de magistrado, la formación y capacidad profesional ha sido sustituida por la prostitución de la meritocracia basada en la presentación de “títulos, maestrías, doctorados y diplomas” no acreditados por universidades sin acreditación y calificación universitaria. 

La acelerada designación del actual Defensor del Pueblo expresa la voluntad congresal de deshacerse de Eliana Revollar, eficiente funcionaria especializada y formada en el rol defensorial, incómoda para gobierno y congreso; han preferido, nuevamente, esas “izquierdas y derechas”, el fujicerronismo, designar alguien útil y servil, que a decir de los propios congresistas que lo eligieron no tiene las cualidades para el cargo. La magistratura de la persuasión para la defensa ciudadana y fiscalización gubernamental será un espacio disminuido, sin personalidad y autoridad, servil y cómodo, para el gobierno y congreso.

No somos un pueblo mafioso, sí tenemos gobernantes mafiosos elegidos con nuestro voto; está en nosotros recuperar la democracia y gobierno de los criminales. Hoy no luchamos entre ciudadanos con diferencias ideológicas o políticas, hoy todos debemos luchar contra las mafias y criminales que nos gobiernan. Necesitamos que nuestros buenos líderes y dirigentes asuman su rol, que nuestra masa gris se pronuncie y no se esconda, que nuestra juventud rejuvenezca y despierte, que nuestros gremios sociales y empresariales hagan sentir su peso y voz, que las iglesias dejen su ausencia y silencio cómplice, que nuestras autoridades independientes defiendan la institucionalidad. Necesitamos recuperar la política y los partidos para recuperar la democracia y viabilidad nacional, para ser un país libre, equitativo y solidario. Hemos vencido dictaduras, podremos vencer a las mafias que hemos elegido para gobernar. Difícil y peligroso, seguro; pero retador y glorioso, también. Parafraseando a Gonzales Prada: mafiosos y corruptos a la tumba, ciudadanos y políticos, viejos y jóvenes, a la obra.