En las últimas semanas se ha intensificado el debate sobre el carácter democrático del gobierno de Dina Boluarte. Desde un primer momento este ha sido cuestionado como un gobierno ilegal e ilegítimo, lo que ha dado pie para calificarlo de autoritario. ¿Qué es un gobierno legal? Aquel que actúa de acuerdo con los preceptos del estado de derecho. ¿Qué es un gobierno legítimo? El que la población cree que tiene autoridad para mandar. La legalidad, asimismo, suele ser fuente de legitimidad y la debilidad de una afecta indudablemente a la otra, deteriorando irremediablemente la democracia.

Desde la perspectiva de los vencedores de la coyuntura del siete de diciembre de 2022 se han buscado, con especial insistencia, de levantar estas acusaciones. Ellos señalan que todo se inicia con el intento de golpe de estado de Pedro Castillo y el arresto por la policía y posterior vacancia por el Congreso del expresidente. En este discurso habríamos tenido una “sucesión constitucional” con Dina Boluarte, que era su vicepresidenta, y su gobierno podría marchar hasta el 2026, como si hubiera ocurrido un tropezón en el camino y nada más.

Sin embargo, las cosas distan de ser así. La coyuntura no se inicia con el fallido golpe de Castillo, sino por lo menos año y medio atrás, cuando la misma derecha que lo vaca intentó desconocer su triunfo en las urnas, pretensión que fue negada por el Jurado Nacional de Elecciones ante la carencia de evidencia al respecto. Luego esta misma derecha hostiliza día a día al gobierno de Castillo buscando limitar su acción de gobierno, lo que, junto con la ineptitud política del expresidente, así como las acusaciones de corrupción a sus allegados, lo llevaron al aislamiento político. En estas condiciones él mismo se da la estocada final con el intento de “huida hacia adelante” que lo llevó al precipicio. 

La derecha por supuesto aprovechó esta equivocación monumental e hizo, acompañada de algunos incautos, de las suyas. Dio un contragolpe con la vacancia inmediata, olvidándose del debido proceso y el antejuicio constitucional al que todo presidente por sus fueros tiene derecho, y se dio maña para detener a Castillo y ponerlo a merced de una fiscal digitada por ellos mismos.

Es indudable que Castillo violó la constitución, como también que la derecha retorció todos los instrumentos legales a su alcance para meterlo preso y poner en la presidencia a alguien como Dina Boluarte, que había sido capturada previamente para que sirva a sus intereses. Recordemos que es una derecha que ya cambió 50 artículos de una constitución que tiene menos de 300 y que pretende cambiar otros 54 más en los próximos meses. Todo, además, sin asamblea constituyente, a la que se opone férreamente porque tendría “mucho poder”, un poder que les molesta cuando no lo tienen ellos. Hasta ahora parece todo legal, pero ¡qué legalidad!

La reacción al contragolpe derechista no se dejó esperar y hemos tenido la más grande movilización popular que se recuerde contra esta osadía reaccionaria. Al principio con un componente de solidaridad con Castillo, pero más por una identificación social con un presidente que ha sido un excluido como la mayoría de los peruanos, que por una identificación política con su mal gobierno. Sin embargo, pasados los días la movilización ha afirmado objetivos muy claros de corte político: renuncia de Dina Boluarte, adelanto de elecciones y referéndum constituyente. Política con mayúscula que desafía abiertamente al poder y es lo que más irrita y no quieren reconocer los que se aferran a sus privilegios. Por ello, esta reacción ha sido enfrentada a sangre y fuego, olvidándose del estado derecho y poniendo en ejecución un operativo represivo que ha matado alrededor de 60 peruanos, la mayoría por balas disparadas por las fuerzas armadas y policiales.

La matanza ha liquidado todo componente de legitimidad que hubiera podido surgir de la pobre legalidad actual, me refiero a la “sucesión constitucional” que pregona la derecha. Y esto se refleja en las encuestas. 15% apoya a Dina Boluarte, menor porcentaje que el de Castillo en su peor momento y 6% tiene de simpatía tiene el Congreso, una simpatía de un dígito que tampoco se recuerda en el pasado. Este es un gobierno autoritario, que ha abandonado el estado de derecho y que carece de legalidad.

Por ello la reacción de los presidentes de América Latina. De México, Colombia, Argentina, Bolivia, Honduras y Chile. Por ello también los comunicados de la Embajada de los Estados Unidos pidiendo respeto a los derechos humanos y luego el comunicado conjunto con las embajadas de Canadá y el Reino Unido en defensa del ejercicio periodístico. Por último, la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la necesidad de un adelanto de elecciones. Se trata de la protesta de los más importantes países del continente contra un gobierno autoritario, ilegal e ilegítimo. No es una intervención en nuestros asuntos internos como dicen los intonsos del congreso y el ejecutivo, no. Es un reclamo por el incumplimiento de las normas mínimas de convivencia democrática que nos reclama la comunidad internacional. ¡Qué tal bancarrota de nuestra política exterior! Aquí los únicos no gratos al Perú son sus gobernantes y los áulicos a su servicio.

Debemos por ello ser muy claros, estamos ante un gobierno autoritario, ilegal porque retuerce la ley como quiere e ilegítimo porque la ciudadanía, en su abrumadora mayoría, no cree que tiene el derecho a seguir gobernando. ¿No tienen entonces razón Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro en resaltar el autoritarismo, la ilegalidad y la ilegitimidad de quienes nos gobiernan en el Perú? Claro que tienen razón. Son nuestros hermanos de América Latina, de la América nuestra como decía José Carlos Mariátegui, que vienen a tendernos la mano en este momento difícil por el cual atravesamos. 

Por todo esto no queda sino decirles gracias a estos gobernantes que dan ejemplo de coraje y solidaridad democrática con el pueblo del Perú. Ya vendrán tiempos mejores en que estos aprendices de gamonal que reprimen a los peruanos deberán rendir cuentas a la justicia y los que hoy son vilipendiados por mostrarnos su solidaridad vendrán al Perú a recibir directamente la gratitud de nuestro pueblo.