La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) acaba de presentar un documento titulado “En defensa del empleo y la economía popular”. La propuesta contrasta con el Plan Anticrisis del Gobierno y tiene como eje el impulso del mercado interno, señalando que este constituye la mejor vía para enfrentar la crisis en curso. Sin embargo, el mismo informe advierte que, producto de la crisis internacional, la demanda interna se viene desacelerando en los últimos meses, situación que se agrava por la carencia de medidas adecuadas.
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Las sospechas en torno al pago de los estudios universitarios de los cuatro hijos del ex Presidente Alberto Fujimori, no cesan. Los indicios siguen en vitrina y como afirma el ex Presidente del Congreso Henry Pease: “no podemos ver con tranquilidad que quienes manejaron la corrupción más grande de la historia del Perú (…) puedan seguir actuando como si no hubieran hecho nada”1. Aquí van algunos datos interesantes.
El contralor debe ser un político, porque un técnico no podría desarrollar al 100% un trabajo como este que, en buena cuenta, se encarga de controlar los asuntos del espacio político por excelencia, que es el Estado. Un político, decimos, en el mejor sentido de la palabra, porque política no es solo la competencia por el poder, sino también la vocación de servicio público con miras al bienestar ciudadano. Qué mejor entonces que un político para vigilar que no se cometan excesos e incluso delitos en el ejercicio de la función pública.
El Sistema Nacional de Control, como su nombre indica, tiene la función de “controlar”, supervisar, vigilar y verificar actos y resultados de la gestión pública. Sin embargo, este organismo autónomo presenta graves problemas tales como el excesivo formalismo, la prioridad de los detalles y el poco enfrentamiento a la gran corrupción a la hora de ejercer control. Urge pues una reforma de fondo. Sin embargo, la iniciativa gubernamental respecto a la Contraloría General de la República (CGR), no hace sino restarle eficacia, limitando sus funciones y atribuciones.
A inicios del presente milenio, las políticas neoliberales aplicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas redujeron la inversión pública significativamente, ubicándola por debajo del 3% del PBI, una de las tasas más bajas de América Latina. No obstante, en los últimos años, la inversión ejecutada por parte de los gobiernos regionales y locales ha venido creciendo considerablemente. Este dinamismo permitiría que el gasto público alcance estándares aceptables.
Variación anual de la inversión pública, por niveles de gobierno
Doe Run quiere salvarse con plata de todos los peruanos. Se está negociando la idea de que el gobierno peruano salve a una millonaria empresa extranjera y la rescate de cerrar operaciones -lo que dejaría sin trabajo a 3500 trabajadores- con el dinero de todos los peruanos. Se trata de Doe Run, empresa de mala reputación que opera La Oroya y que ha incumplido repetidamente con los planes de limpieza ambiental ¿No sería mejor que el gobierno peruano compre la empresa o haga una asociación público/privada en lugar de entregarle como si nada nuestro dinero? Veamos para quién se gobierna.
El gobierno tiene programado concesionar el Puerto de Paita, el 31 de marzo, mediante la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). De acuerdo a la legislación peruana, las APP consisten en otorgar a un privado un proyecto de infraestructura pública, siempre que este tenga alta rentabilidad social pero insuficiente rentabilidad financiera. Así, el gobierno asume que el puerto de Paita no es “rentable”. Por ello, se obliga a financiar parcialmente al concesionario y asegurarle una rentabilidad “deseada”.
Hace unos días, el Congreso aprobó la Ley de Aseguramiento Universal de la Salud, una norma que supuestamente cubriría la salud de todos los peruanos, pero no es así. Para el doctor Julio Castro, Decano del Colegio Médico del Perú, esta ley no cambia en nada las cosas, primero, porque se aplicaría nada más en tres regiones, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, donde la cobertura de enfermedades solo llegaría al 45% cuando el gobierno debería apostar, al menos, al 80%.
El actual gobierno peruano ha emprendido una política evidente ante cualquier movida social: represión. Ésta política gubernamental se ampara en una serie de decretos supremos que el segundo gobierno del Presidente Alan García ha presentado hace poco tiempo, y que conviene revisar con detenimiento. ¿Acaso se puede y/o debe criminalizar la protesta?
Esta semana, el INEI anunció la cifra del PBI de enero en 3,14%. Pero sometida a escrutinio, la cifra no se sostiene. El debate empezó al observarse que el rubro de “Otros servicios” según el INEI creció casi al 6%, y la suma de todo el resto, apenas 1,5%. Pero el PBI de “otros servicios” tiene muy poca información real: se calcula básicamente con fórmulas.