Mañana con el diario La República, Otra Mirada publica el No. 8 de su suplemento mensual sobre temas de interés nacional. Esta vez el tema la Democracia y Medios de Comunicación.

Te invitamos a leerlo y debatir su contenido con tus compañeros y amigos. Aprovechamos para darte un adelanto del mismo.
Los medios masivos de comunicación¹ son un servicio público, más allá de que los operadores puedan ser la empresa privada, el Estado o las organizaciones sociales. Sin embargo, luego de la fallida experiencia velasquista, que prometió el paraíso y terminó confiscando todos los medios de comunicación, en el Perú se ha desarrollado la idea, de que, básicamente, todos los medios deben ser privados. Incluso hay quienes postulan que la radio y la televisión del Estado deberían también privatizarse para evitar, como siempre sucede, que caigan en manos del gobierno de turno. 
Pero es justamente esta concepción privatista, que ha concentrado los medios de comunicación en muy pocas manos, la que ha llevado a la situación actual de cuasi oligopolio mediático de la derecha neoliberal, donde los propietarios de periódicos pueden tener, sin ningún límite, como sí existe por ejemplo en los Estados Unidos, propiedad de estaciones de radio y televisión. Asimismo, donde las empresas que operan medios audiovisuales confunden interesadamente las concesiones que les da el Estado, sujetas por tanto a una regulación, con su propiedad privada, protestando airadamente si alguien insinúa que esta puede en algún momento ser retirada, como por lo demás sucede con cualquier concesión. 
Esta concepción privatista que acumula por razones comerciales y nos quiere hacer creer lo que no es, está en contra, flagrantemente, de nuestra libertad de expresión y de nuestro derecho a informarnos adecuadamente. Si la abrumadora mayoría de los medios pertenece a grandes corporaciones privadas con, además, propiedad cruzada en varios tipos de medios, a la corta o a la larga expresarán a los mismos intereses sociales y a similares opciones políticas. De esta manera, el pluralismo de puntos de vista, consustancial a la libertad de expresión, se ve severamente recortado y la democracia afectada en sus cimientos. Esta situación se agrava en el Perú por la debilidad de los partidos políticos y la mediocridad de la representación, lo que lleva a que los medios terminen imponiendo la agenda y sometiendo a los políticos a sus designios.
Creemos que, en el caso de los medios de comunicación, la libertad de expresión no solo depende de los valores que tengan los dueños privados de los medios de comunicación masiva, sino también del pluralismo en las formas de propiedad de dichos medios. Por ello, para que exista una auténtica libertad de expresión, se debe promover la existencia, en especial en el caso de los medios audiovisuales, de diversas formas de propiedad. Para ello se debe promover, además de las formas privadas actuales, la propiedad pública y la propiedad social, que transparentemente administradas pueden contribuir a la expresión de nuevas voces que no son recogidas por el oligopolio actual.
Hay dos ejemplos en los que se muestran las limitaciones de esta concepción privatista: la radio y televisión digital y la legislación sobre propaganda electoral. En el primer caso, de manera escandalosa, los concesionarios de las actuales señales de radio y televisión abierta pretenden adjudicarse las frecuencias digitales, alegando “derechos adquiridos” absolutamente inexistentes. En el segundo, tenemos una situación paradójica, en la que existen dos formas de propaganda posible en la televisión, la franja electoral  y los espacios contratados. La franja electoral es similar para todos los partidos y, aunque usted no lo crea, ¡pagada por el Estado! Mientras que los espacios contratados dependen de la plata con que cuente cada cual y lo simpático que le caiga a los dueños de los medios. Esta situación, con un año electoral en curso y como ya sucede en Brasil, México y Chile, debe terminar. Esto debe significar la prohibición de los espacios contratados de propaganda electoral. Podríamos así, quizás, dar un paso en la democratización de los medios de comunicación y en la contribución de los mismos a un proceso más equitativo.
Sin embargo, la solución de fondo para la relación entre medios y democracia, pasa por la necesidad de un debate nacional sobre tres cuestiones fundamentales: la necesidad de legislación que evite los oligopolios mediáticos y la propiedad transversal ilimitada; una nueva ley de medios audiovisuales que le de transparencia a la concesión y eventual retiro de las licencias analógicas y digitales, encomendando la tarea a un consejo público con presencia de la sociedad civil, y; la promoción de diversas formas de propiedad de los medios de comunicación, agregando a la privada actual, la pública y la social. De esta manera, la comunicación se podrá convertir, verdaderamente, en una herramienta de la democracia.

¹Nos referimos aquí a los medios escritos y audiovisuales de alcance nacional. No nos ocupamos de internet, que si bien es un medio de gran desarrollo, está lejos todavía de alcanzar entre nosotros la importancia de los primeros. Tampoco analizamos en esta entrega la problemática de los medios audiovisuales de alcance regional o local.